No hace tanto que los vecinos de La Constancia se echaron a la calle coincidiendo con la recta final de la campaña de las municipales. Más que compromisos querían arrancar acciones, hechos o, lo que es lo mismo en su caso: obras. Pero los trabajos del acuerdo pionero de la rehabilitación que firmaron en 2009 no llegaron entonces y siguen sin hacerlo ahora, en plena contrarreloj para que las lluvias vuelvan a darles otro susto. En eso no pueden decidir, pero sí pueden hacerlo a la hora de acordar medidas que visualicen el malestar de los más de 2.000 vecinos por el trato “inhumano” de la Junta.
Lo tienen claro, si de aquí a la segunda quincena de octubre sigue sin haber movimiento, convocarán una asamblea general en la que aprobarán reactivar las protestas por el “incumplimiento sistemático” del convenio. “Los vecinos tenemos la calle como instrumento de defensa para reivindicar nuestros derechos y eso es lo que vamos a hacer después de tanta mentira sistemática y de tanto sufrimiento”, advierte el presidente de la asociación vecinal La Fraternidad de La Constancia, Francisco Flores.
Para el líder vecinal, que llegó a sufrir en sus carnes los efectos de un derrumbe, lo que están pasando “raya ya lo increíble”. “La gente está fuera de sus casas, con expedientes abiertos del Ayuntamiento”, se queja indignado.
Entre las propuestas, ya hay un vecino que se ha ofrecido a costear el alquiler de los autobuses para ir a Sevilla a manifestarse frente a la Junta, mientras que también se están pensando en poner paños blancos con un lazo negro en cada balcón de las 72 comunidades de propietarios que simbolice el “calvario” que están pasando. Pero las acciones no cesan ahí. Los afectados quieren llevar la “guerra” de la calle a los juzgados, un proceso que también están sopesando pese a los contras, sobre todo por el dinero que haya que desembolsar, aunque también piensan aprovechar la coyuntura, es decir, que hay unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. “Ir a los juzgados es un procedimiento costoso pero tenemos partidos políticos que están dispuestos a poner en marcha todo el procedimiento judicial que implique la denuncia directa a la Administración. Ellos asumirían el coste, porque nosotros somos 2.000 vecinos pero somos gente humilde, un barrio de pensionistas, de muchos mayores viudos que viven solos”, explica Flores, que no está dispuesto a rechazar el ofrecimiento después de que las esperanzas que depositaron en el Defensor del Pueblo Andaluz hace más de un año se vayan desvaneciendo. No entienden por qué a estas alturas no han puesto el caso en manos de la Fiscalía.
“Se está vulnerando la ley”
“Como institución tienen todos mis respetos pero no estamos conforme con las respuestas que nos están dando, porque se limita a enviarnos cartas de tipología general en las que nos dice siempre lo mismo: que la Junta y AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación) nos contestarán respecto a los acuerdos firmados en 2009”, critica Flores, que ve “inadmisible” que no haya tomado cartas en el asunto atendiendo a lo que contempla la ley para estos casos. “Está actuando de correveidile porque la ley obliga a que los acuerdos con protocolo como los que se firmaron en 2009 entre Pilar Sánchez y la Junta tengan una finalidad, es decir, una consignación y reserva de crédito”. Como nada de eso se ha hecho, Flores cree que no hay más vuelta de hoja. “Se está vulnerando la ley, por lo tanto hay que ir a Fiscalía”, apostilla.
El ayuntamiento: “el único que ha cumplido”
Los vecinos lo tienen claro: el Ayuntamiento -tanto en la etapa del PP como ahora con el PSOE- es “la única administración que se salva” por haber cumplido con su parte. “La que falla es la Delegación provincial de Cádiz y el Ministerio de Fomento, también, porque tampoco han cumplido el acuerdo que firmamos en 2011”. A Flores le consta que ahora la alcaldesa“está preocupándose”. “Nos ha dicho que la próxima semana va a venir la delegada provincial de Vivienda”.
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