El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzga este lunes a cuatro personas acusadas de estafar 700.000 euros a 75 conocidos y cercanos, a los que proponían la realización de inversiones con sus ahorros o del metálico que dispusieran con la promesa de hacerlos llegar a una sociedad inversora radicada en Barcelona.
Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, para estas personas, en concreto para tres de ellas, D.S.G., A.B.G.A., y F.J.C.L., la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa y una multa de 6.000 euros, y un año de cárcel y una multa de 1.200 para el supuesto cómplice, J.D.G.A.
En concreto, las acusadas D.S.G., y A.B.G.A., --constándole a la primera antecedentes penales por estafa-- con la intención de obtener un beneficio económico a costa de lo ajeno, aparentando conocimiento y relaciones con empresas dedicadas a la inversión de capitales en bolsa, derivados del petróleo u otras operaciones financieras que generaban gran rentabilidad, desde el año 2011 obtuvieron pequeñas cantidades en efectivo para supuestas inversiones de personas conocidas y cercanas al entorno de una de ellas.
Todo ello con la promesa de hacerlos llegar a una sociedad inversora de Barcelona en la que obtendrían una rentabilidad que aseguraban podía llegar del 20 al 50 por ciento del capital invertido en tan solo un mes, de forma que para dar seguridad al engaño comenzaron a pagar la rentabilidad prometida con las cantidades recaudadas de otros inversionistas, consiguiendo generar confianza en terceros sobre la seriedad y solvencia de las operaciones que realizaban, obteniendo así numerosas captaciones de entornos en los primeros clientes.
Conseguido el primer objetivo, continua el escrito, tanto para aparentar seriedad como para ocultar la ausencia de inversiones, los acusados constituyen mediante escritura pública una entidad, domiciliada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con 4.000 euros de capital social, dividido en 40 participaciones de 100 euros cada una.
Al mismo tiempo abren un establecimiento al público en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde supuestamente se centralizaban y desarrollaban las actividades de inversión, al tiempo que para disimular la ausencia de actividad real, en octubre de 2011 dieron de alta a la sociedad en IAE tanto en servicios de propiedad inmobiliaria como de comercio al por menor y arrendamiento de vehículos terrestres y fluviales y de peluquería de señoras y caballeros, actividad que constituía la profesión real de una de las acusadas.
A su vez, el fiscal ha remarcado que las acusadas D.S.G., y A.B.G.A., han estado auxiliadas y ayudadas en esta puesta en escena y con conocimiento de la ausencia de inversión por el hermano de una de ellas para captar inversores e informar a los mismos de su rentabilidad a quienes realizaban entregas para hacerlas llegar a estas dos mujeres, quienes disponían para sí y sus familiares acusados del metálico entregado, que supera los 700.000 euros atendiendo a las cantidades que constan en recibos extendidos.
Para seguir con la apariencia de solvencia en el mes de diciembre, ante la insistente reclamación de devolución de lo entregado, una de las procesadas extendió cuatro cheques al portador de la cuenta de la entidad que constituyeron con cantidades comprendidas entre los 5.000 euros y los 27.000.
SEIS SOBRES DE 70.000 EUROS
A consecuencia de estos hechos, con autorización de una de las acusadas, en diciembre de 2011 se realizó entrada y registro en su domicilio, donde se intervino un bolso con seis sobres que contenían más de 70.000 euros, procedentes de las cantidades entregadas por los perjudicados, así como documentación y material informático.
El fiscal considera que con las cantidades entregadas esta acusada ha financiado el negocio de su pareja, quien desde octubre a diciembre de 2011 regentaba un stand en un centro comercial.
Por todos estos hechos, estas personas serán juzgadas el próximo lunes por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, un juicio que se prolongará durante siete sesiones y que está previsto que culmine el 19 de diciembre.
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