El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha acordado procesar a treinta personas por la pieza separada del caso ERE relativa a las presuntas irregularidades de las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a empresas y entidades de la Sierra Norte de Sevilla por 22,1 millones de euros.
En un auto dictado el 10 de julio, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas al considerar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.
Entre los procesados figura el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, pues "concurren sólidos indicios" de que "durante su mandato se concedieron y realizaron de manera injusta y arbitraria diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas" a favor de Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara.
También son procesados el exgerente del antiguo IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, el exalcalde de Guadalcanal Carmelo Montero y directivos y representantes de las entidades beneficiarias, quienes "se habrían concertado con los responsables de la Consejería de Empleo y de IFA/IDEA para conseguir la obtención ilícita de las ayudas", según el instructor.
El magistrado excluye de esta causa a seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía porque ya fueron encausados y condenados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en la pieza política del caso ERE, el denominado procedimiento específico, que enjuició la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta.
Estos ex altos cargos son los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.
El objeto de esta pieza separada es "la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales" concedidas por la Dirección General de Trabajo y abonadas por la agencia IFA/IDEA a en favor de distintas empresas y entidades de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total de 22.173.033,73 euros.
Todas estas ayudas, según el juez, "se habrían otorgado de manera injusta y arbitraria prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones", todo ello "en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo".
Las empresas beneficiarias son Coflosur, Atarazanas de Constantina, S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal, Grueso y García, Pema Jamones y Embutidos, Tialna, Corsevilla S.C.A., El Venero de Móstoles, Hotel La Posada del Moro, Romero Álvarez, S.C.A. Virgen del Robledo, Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara, Dehesa Navera, Promociones Vinícolas de Sevilla, Vivir El Barro, Refractarios Guadalcanal, Refractarios Andalucía y Andalucine.
El juez avisa de que los empresarios investigados "no pueden pretender justificar su desconocimiento sobre la ilicitud de las subvenciones concedidas y su confianza en la correcta actuación de la Administración", ya que hubo "una patente y grosera arbitrariedad" en la concesión y no existió "elemento alguno que permita apreciar una actividad administrativa regular que pueda ser generadora de dicha expectativa de legalidad".
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