El cierre de pozos ilegales por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) durante los dos últimos años en los municipios del entorno de Doñana no ha logrado disminuir la superficie de regadío ilegal en el ámbito del Plan Especial de la Corona Forestal, según el último informe realizado por WWF.
El análisis demuestra, según ha informado la organización en un comunicado, que a pesar de que desde el verano del 2019, fecha en la que se inician los cierres de captaciones en Doñana tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se han clausurado al menos 116 pozos ilegales en la zona, la superficie de cultivo bajo plástico se mantiene.
WWF se ha centrado en analizar lo que ha ocurrido en la cabecera del arroyo de La Rocina, zona emblemática del robo del agua en Doñana y, especialmente, en Lucena del Puerto, municipio donde se han llevado a cabo gran parte de las actuaciones.
La organización ha empleado imágenes satelitales para analizar la evolución de la superficie cultivada durante las campañas agrícolas de 2014-2015, 2018-2019 y 2019-2020, mostrando las mismas claramente que la superficie de riego no ha disminuido.
Además de analizar la situación general, WWF examina en su estudio las imágenes de la zona concreta donde se llevó a cabo el cierre de pozos ilegales por parte de la CHG, para ver si en el área de la Cabecera del Arroyo de la Rocina y arroyo Don Gil han descendido las hectáreas cultivadas, sin que esto haya ocurrido.
"Este informe demuestra que las medidas adoptadas por las administraciones desde 2014 hasta la actualidad son claramente insuficientes; cerrar pozos no resuelve de por sí el problema porque las fincas ilegales continúan funcionando y aumentando", ha explicado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.
Sin embargo, "la absoluta inacción de la Junta de Andalucía a la hora de cumplir sus obligaciones y clausurar las explotaciones agrícolas ilegales, ha permitido que estos sigan aumentando y el acuífero continúe su declive", ha incidido la organización para después reclamar a la administración autonómica que, según se dictamina en el Plan Especial de la Corona Forestal, en coordinación con la Administración Hidráulica elimine la superficie regada sin permiso con carácter inmediato.
Asimismo, reclama a la CHG que articule como medida, al estar el acuífero declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, un sistema de precintos cautelares de las fuentes de agua que abastecen a estas fincas.
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