Andalucía

La Junta liberalizará la instalación de grandes superficies comerciales

La instalación de grandes superficies comerciales en Andalucía no requerirá de licencia autonómica, si bien la Junta se reserva la intervención por criterios urbanísticos, territoriales y medioambientales, y para los establecimientos con menos de 2.500 metros la liberalización es total

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  • Los consejeros de Turismo, Comercio y Deportes, y de Presidencia. -
La instalación de grandes superficies comerciales en Andalucía no requerirá de licencia autonómica, si bien la Junta se reserva la intervención por criterios urbanísticos, territoriales y medioambientales, y para los establecimientos con menos de 2.500 metros (como Mercadona) la liberalización es total.

El consejero de Comercio, Turismo y Deporte, Luciano Alonso, compareció ayer, en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se aprobó la modificación de dieciséis leyes para adaptarlas a la directiva comunitaria de servicios, que se dirige a eliminar barreras legales y administrativas para el desarrollo de la actividad económica.

Los cambios más significativos han afectado a la Ley de Comercio Interior de Andalucía al eliminarse la licencia comercial autonómica (basada en criterios económicos de oferta y demanda) en todos los formatos y se delega en los ayuntamientos la licencia municipal de obras a través de una ventanilla única.

Sin embargo, en las grandes superficies comerciales, las que superen los 2.500 metros cuadrados, y no los 1.000 como hasta ahora, la Junta considera que su intervención es "imprescindible" por razones territoriales, urbanísticas y medioambientales.

Para ello, la Consejería elaborará en el plazo de un año un plan de establecimientos comerciales atendiendo a esos tres criterios y en el que se "buscará el equilibrio territorial desde el punto de vista urbanístico".

El consejero justificó la intervención de la Junta en los establecimientos de más de 2.500 metros en que tienen incidencia en el territorio y puso como ejemplo que cuando se construye una gran superficie hay que garantizar el acceso de los ciudadanos a través de las infraestructuras necesarias.

Además, alegó que la Junta ha adoptado un "modelo de equilibrio" en torno a dos posiciones diferentes en España, la liderada por Madrid con una liberalización total, y la de Cataluña, Valencia, Baleares y Canarias que han optado por una licencia comercial específica.

Luciano Alonso aseguró que estos cambios normativos permitirán reducir al máximo los plazos para la instalación de grandes superficies comerciales y de una media de ocho meses y medio que se tardaba en obtener la licencia autonómica ahora se hará en un "tiempo récord".

Sostuvo que los ayuntamientos "aceptarán de buen grado" estas competencias y aclaró que no habrá moratoria comercial.

Ley del Comercio

El consejero destacó que los cambios en la Ley del Comercio de Andalucía se han adoptado por consenso con los agentes sociales y, además, cuenta con el visto bueno de organismos no vinculantes, salvo la Agencia de la Competencia que ha pedido que la Junta no intervenga y que las grandes superficies se instalen donde quieran.

El sector del comercio engloba en Andalucía 131.802 establecimientos, de los que el 94% son pymes con menos de cinco trabajadores, y representa el 12% del PIB andaluz y el 15,8%.

Desde el año 1996 hasta la actualidad, la Junta ha aprobado 158 proyectos comerciales, de los que se han finalizado 99.

El consejero subrayó que en Andalucía han convivido muy bien el pequeño y mediano comercio con la grandes superficies comerciales y renovó su apuesta por el pequeño formato comercial.

En materia de comercio también desaparece la autorización previa para la celebración de ferias comerciales oficiales, y en comercio ambulante no será obligatorio la inscripción en el registro general de comerciantes ambulantes sino que bastará con una autorización municipal.

La Ley de Turismo también incorpora algunas modificaciones relativas a la sustitución de la autorización para el inicio de la actividad por una declaración responsable del interesado ante la administración autonómica para una posterior actuación inspectora.

Otras modificaciones aprobadas en el Consejo de Gobierno afectan a la Leyes de Farmacia, del Juego y Apuestas, del Patrimonio Histórico, Forestal y de la Flora y la Fauna, entre otras, relativas a la supresión de requisitos innecesarios o discriminatorios por la normativa europea.

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