Este sindicato policial critica que “desde hace algún tiempo, por parte de la Jefatura de la Policía local, se está procediendo sistemáticamente a una campaña de acoso contra los miembros de esta plantilla”.
Este supuesto acoso estaría cimentado sobre tres pilares, siendo el primero de ellos “la apertura de expedientes disciplinarios injustificados”.
A esto se sumaría, según el sindicato policial, los “cambios de destino discriminatorios, insuficientemente motivados y sin facilitar la posibilidad de recurrirlos, creando indefensión en los funcionarios afectados”.
Por último, desde Uspla se denuncia la “limitación y obstaculización a los subordinados del ejercicio de los derechos que éstos tienen reconocidos en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Algeciras”. Entre estos derechos se encontrarían “disfrute de días debidos, compensación de días festivos trabajados o compensación de días inhábiles trabajados según el convenio colectivo vigente”.
Conocimiento consistorial
Paralelamente, desde la central sindical se destaca que “de estos hechos tienen conocimiento los responsables políticos tales como el alcalde, Tomás Herrera, el concejal delegado de Personal, Diego Sánchez Rull, o la concejal delegada de Protección Ciudadana, Cristina Garrido”.
Tanto es así que Uspla asegura que estos cargos políticos “en alguna ocasión han tenido que corregir las decisiones de la jefatura, restableciendo algunos de estos derechos recogidos en el acuerdo marco firmado por el Consistorio y los sindicatos”.
Así pues, para los representantes sindicales, “esta campaña orquestada tanto por el superintendente de la Policía Local de Algeciras, José Medina, como por el intendente mayor, Ángel Gutiérrez, está provocando un estado de crispación en el seno de la Policía Local que en nada favorecen las condiciones de trabajo en las que cualquier empleado debe desarrollar su cometido”.
Por todo ello Uspla considera que “los mandos citados podrían estar incurriendo en una presunta responsabilidad disciplinaria en base a lo recogido en el artículo 7.18 del Real Decreto 884/1989”.
Por ello se ha solicitado por escrito a Garrido la “incoación de sendos expedientes disciplinarios para estos mandos, esperando que tenga la misma predisposición mostrada en la apertura de los expedientes disciplinarios a otros policías”.
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