La empresa, en un burofax en el que puntualiza la información publicada en Viva el pasado 18 de enero, asegura que la demanda no se dirige contra Emed, algo que queda claro en la citada información, en la que se afirma que la Comisión Liquidadora la incluye como “parte del procedimiento”, lo que corrobora el propio hecho de que el juez que admitió a trámite la demanda le haya comunicado a la empresa la existencia del procedimiento, hecho admitido por Emed.
En cuanto a las denuncias acumuladas, Emed asegura que todas han sido sobreseídas o archivadas a excepción de la de la Agencia Andaluza del Agua, que también se dirige contra Rumbo 5.Cero y Zeitung, y que la inclusión de los expedientes en la demanda de la Comisión “no implica” que se refieran a hechos cometidos por Emed, lo que también queda claro en la información del 18 de enero al afirmarse que “corresponde al periodo” en el que esta empresa ya era propietaria de la Unidad Industrial.
En cuanto a la desvinculación de las obligaciones de mantenimiento de las presas, insiste Emed en que nunca ha renunciado a sus obligaciones y que es la única autorizada a tal efecto por la Junta, asegurando que el burofax publicado -culminación de una serie de comunicaciones entre ambas empresas- sólo hace referencia “a las bombas de agua propiedad de Emed” y cuya vigilancia impedía Rumbo 5.Cero.
Sí que admite, como reproduce el burofax publicado el 18 de enero, que “lo que se hace es declinar la responsabilidad por daños, averías o roturas de las citadas bombas y las consecuencias del mal funcionamiento de las mismas”.
Apunta Emed que desconoce “los motivos” por los que la Comisión decide sobre la autorización de la actividad minera en Riotinto e insiste en que “no ha incurrido en incumplimiento sistemático alguno” y que su labor con las balsas se ha visto “dificultada” por la “actitud obstructiva de Rumbo y Zeitung”, extremo que ambas empresas han rechazado en varias ocasiones y que las llevaron a denunciar a Emed por vertidos de aguas ácidas a cauce público y a sus propios terrenos.
Con respecto al informe que le presentó un trabajador en abril de 2008 sobre las actuaciones que deberían realizarse en las balsas, Emed dice desconocerlo y alude a comunicaciones posteriores de Carlos Estévez y que ha denunciado ante el juzgado.
Tal informe, cuya traducción obra en poder de Viva, fue remitido a Harry Anagnostaras, Emed Minning manager director, y a William Enrico, gerente del Proyecto Riotinto, el 25 de abril de 2008 por el gerente de su centro de trabajo, y en él se especifican todos los trabajos preventivos a realizar en las balsas así como una estimación de sus costes. Ese trabajador, que fue despedido junto a otros cinco integrantes de la plantilla de Emed, insiste en que sus indicaciones nunca fueron atendidas por los directivos de la empresa.
EL APUNTE
Corta Atalaya y las denuncias por su inundación
Fue el pasado 1 de septiembre cuando en estas mismas páginas recogíamos la alerta que Rumbo 5.Cero daba sobre el estado de deterioro que presentaba la Corta Atalaya, cuyos técnicos desaconsejaban su apertura a corto plazo a no ser que Emed Tartessus adoptara las medidas correctoras necesarias. Emed aducía un hipotético derecho de paso por las propiedades de Rumbo para acceder a Corta Atalaya, cuando la empresa anglo-chipriota puede hacerlo por sus propios terrenos. Cuando ha llegado la alarma social, es Emed la que tiene que asumir en solitario el coste de su recuperación y de los seguros para reabrirla al público.
La Junta sitúa en Emed la responsabilidad de la Corta
El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, precisó ayer a Emed Tartessus, con cuyos directivos -Harry Agnostaras y Bill Enrico- se reunió, que según la Ley de Patrimonio el deber de conservación de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es Corta Atalaya le corresponde al propietario de los terrenos en los que se encuentra, en este caso, a Emed Tartessus.
Según Jiménez, que estuvo acompañado por la delegada de Economía, Innovación y Ciencia en la provincia, María José Asensio, este departamento también realizará un informe sobre las condiciones estructurales de la Corta, tras las denuncias por el estado de deterioro e inundación.
Precisamente ayer, el PP, encabezado por la parlamentaria Loles León, visitó Corta Atalaya y exigió a la Junta que asumiera sus competencias e interviniera en el BIC, respaldando la tesis de la empresa de que el deterioro se debe a la falta de actividad en la mina.
Sobre el proyecto, en la reunión entre Junta y Emed, Jiménez les comunicó que han solicitado al Instituto Geológico y Minero (dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad) y al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Ministerio de Fomento) informes sobre las técnicas y modos de operación propuestos para el proyecto de Riotinto.
Así, los informes preceptivos de estos dos organismos se tramitarán de forma paralela a los trabajos de análisis que realiza la Junta desde el 1 de septiembre de 2010, fecha en la que Jiménez sitúa la entrega de documentación e inicio del expediente.
Además, han solicitado informes sobre el proyecto de aprovechamiento y plan de restauración, el método de explotación, gestión del ciclo del agua y gestión de residuos en relación a las balsas, además de los métodos de cálculo y modelos numéricos empleados por el promotor.
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