Los cierres de Dental Line afectan a unas 15 personas en la capital

• Facua recomienda agotar primero la vía de las reclamaciones ante la compañía

La clínica Dental Line se encontraba en la Avenida Andalucía. Los dueños vendieron el centro a Adeslas hace unos meses. · Autor: IJ Poveda

El número de personas perjudicadas por el cierre de la clínica Dental Line en Jerez de la Frontera crece por momentos. Y no sólo en esta localidad, donde se calcula que la cifra de pacientes damnificados asciende ya al centenar, sino también en la capital gaditana. Así lo confirmaba ayer la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua), donde aseguran haber recibido ya la llamada de una quincena de clientes procedentes de Cádiz solicitando asesoramiento por este tema.

Este posible fraude estalló a finales del mes pasado, cuando la empresa Dental Line clausuró sin previo aviso su centro de Jerez, dejando a sus empleados en la calle y a muchos de los usuarios con sus tratamientos iniciados sin terminar. Esto ha provocado que algunos ya hayan denunciado a la compañía en el juzgado, mientras que la mayoría empieza a organizarse para defender sus derechos en torno a una plataforma de afectados.

Con todo, las consecuencias de este caso están aún por descubrirse. Pero el hecho de que el asunto haya salpicado a otras poblaciones de la provincia y, en concreto, a Cádiz dan idea de la magnitud que podría adquirir en los próximos días. Lo curioso es que en la capital gaditana se produjo hace varios meses el cierre de otra de las clínicas de Dental Line, sin causar ningún revuelo.

Según explica el secretario general de Facua, Jesús Yesa, esta noticia pasó desapercibida en su día porque la compañía decidió entonces derivar a sus usuarios a Jerez para que continuaran allí sus consultas e intervenciones bucodentales. Las instalaciones clausuradas en Cádiz se encontraban en el número 63 de la Avenida Andalucía y, en la actualidad, han sido sustituidas por unas dependencias de Adeslas. Esta firma aseguradora de salud compró en abril pasado casi la mitad de los centros de Dental Line en España.


Entre 3.000 y 6.000 euros
El principal problema al que se enfrentan los pacientes que se han quedado con el tratamiento a medias pasa por recuperar el coste del servicio pagado y que, al parecer, puede oscilar entre los 3.000 y 6.000 euros.
Ante esta situación, desde Facua recomiendan a los afectados formular, en primer lugar, la reclamación pertinente ante la firma Dental Line para lograr la devolución de las cantidades .

Y en el caso de que los clientes hayan financiado sus tratamientos a través de algún crédito bancario --que serán la mayoría--, deben presentar también una reclamación adicional ante la entidad financiera pidiendo la cancelación del préstamo. Para ello, resultará fundamental que lo hayan vinculado al servicio que no han recibido.

Facua tiene previsto convocar una asamblea de afectados en Jerez este jueves para ofrecer su colaboración e informar sobre los pasos a dar en el proceso que ahora comienza.


Un posible nuevo caso Opening
El de Dental Line no es, desgraciadamente, un hecho aislado. En los últimos años han sido muchos los casos de establecimientos y negocios que han echado la baraja, abandonando a su suerte a los clientes y usuarios que pagaron por recibir sus servicios. El más sonado, sin duda, fue el de las academias de inglés Opening English School, propiedad del grupo CEAC, en 2002. Su cierre afectó a más de 45.000 personas en el país. Según las estimaciones de Facua, el precio medio de los cursos de Opening era de unos 1.500 euros, aunque había quien superaba los 3.000 euros. De modo que el fraude pudo ascender a más de 67,5 millones de euros. Ello dio paso a numerosas protestas de los alumnos en la calle y al inicio de una batalla legal en los tribunales.

El resultado fue una sentencia que ordenaba a las financieras Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pastor Servicios Financieros o Eurocrédito a devolver las cantidades cobradas desde julio de 2002 a los perjudicados por la clausura de las academias en toda España

En la capital gaditana también se vivió un caso similar en abril de 2001, a raíz del cierre de la academia de informática Star Up. Este centro cesó repentinamente en su actividad, dejando a casi un centenar de personas sin poder realizar los cursos que habían contratado y abonado. Facua representó entonces a la mayoría de los damnificados. Al final, el juez condenó a un año y diez meses de prisión al dueño del negocio y le obligó a indemnizar a los alumnos.