El mapa, que va a ser colgado en la página web del PP andaluz con la identificación de todos estos cargos socialistas, recoge que existen en la actualidad en Andalucía un total de 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos.
También hay actualmente, según la denuncia realizada por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, un total de 16 cargos públicos del PSOE condenados; 19 ex cargos públicos condenados; y 18 cargos públicos implicados en casos en los que se han abierto diligencias.
"El PP no está dispuesto a recibir ninguna lección de limpieza y de ética por parte de nadie, y menos del Partido Socialista", declaró Antonio Sanz, quien añadió que quienes quieran conocer los nombres de cargos socialistas podrán acudir a la página web del PP en la que aparecen.
Una prueba de la "mentira y los engaños" del PSOE en materia de corrupción es que tiene aprobado un Código Interno de Buen Gobierno en el que se recoge que será expulsado del partido todo aquel que esté imputado en algún caso, un extremo que los socialistas "no cumplen ni han cumplido" en 54 de estos casos.
"54 cargos públicos actuales del PSOE imputados en procesos judiciales abiertos siguen en sus puestos y no se les aplica el código interno del partido", indicó Sanz, quien añadió que el PSOE "ampara o apoya" a estos cargos del partido pese a que se encuentran imputados por la justicia.
Antonio Sanz recordó que algunos de los cargos socialistas han estado o están imputados en casos como Mayala, en Marbella (Málaga), Astapa, en Estepona, o el la Operación Poniente, en El Ejido (Almería), y añadió que la actitud del PSOE resulta en estos casos "complaciente y tolerante" con la corrupción.
De la misma forma, subrayó que existen imputados en todas las provincias pero que las provincias con un mayor número son las de Málaga, Almería, Cádiz y Sevilla, principalmente, por lo que, en su opinión, los socialistas deberían dar "muchas explicaciones" antes de "intentar dar lecciones" al resto de partidos.
Esta situación, según el secretario general del PP-A, contrasta con la "realidad" de que el PSOE no permite la creación de comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía, pese a que en las últimas cuatro legislatura se llegaron a registrar un total de 75 peticiones por parte de la oposición.
"Toda esa mancha de presunta corrupción parece que no le importa nada al Partido Socialista", denunció el dirigente del PP, quien añadió que este partido demuestra su "falta sentido de la democracia" al no permitir que se investigue estos casos en la Cámara autonómica.
En opinión del secretario general de los populares andaluces, el PSOE ha convertido el Parlamento de Andalucía en un "muro infranqueable" para la oposición con su negativa a que se creen comisiones de investigación, lo que prueba un "intento de ocultación" que pone de manifiesto la actitud de un partido que tiene "una gran mancha" en toda Andalucía.
En Canillas de Albaida, no habrá dimisiones
Frente a esta denuncia de los populares, el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, confirmó ayer que ni el alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), ni el ex regidor de Salares y concejal del PP en el municipio malagueño, Jorge Luis Fernández, dimitirán de sus cargos, después de haber sido condenados por delitos urbanísticos.
Bendodo informó ayer a los periodistas de que tanto Díaz como Fernández recurrirán sus sentencias y afirmó que su partido no adoptará ninguna decisión sobre ellos hasta que no haya un pronunciamiento judicial firme.
"Los partidos políticos están para hacer política y los jueces son los que tienen que administrar justicia", señaló Bendodo, que criticó la actitud que mantenía el PSOE con la expulsión de alcaldes y concejales nada más conocer si eran imputados.
"El PSOE no interpreta que los partidos nunca deben asumir las funciones del poder judicial, pero ahora parece que han vuelto a la lógica", añadió el presidente del PP malagueño.
El alcalde de Canillas de Albaida ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una multa de quince meses por un delito de prevaricación urbanística.
El tribunal considera aprobado que el alcalde concedió una licencia de obras de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable "con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concepción de licencias", según la sentencia.
Por su parte, el ex alcalde de Salares y concejal en el Ayuntamiento ha sido condenado ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga a un año de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.
En la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera como hechos probados que Fernández tenía pleno conocimiento de unas obras irregulares para la construcción de una vivienda unifamiliar ejecutadas en el paraje "El Pino" entre 2001 y 2007 sin la correspondiente licencia y en suelo no urbanizable.
El ex regidor, "plenamente consciente de la ilegalidad de los trabajos", hizo caso omiso a las advertencias de la secretaria municipal y a las denuncias interpuestas por el propietario de una parcela situada junto a la que se desarrollaron las obras.
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