El alcalde de Huércal rechaza que paralizara un expediente vinculado a viviendas ilegales
El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), ha negado haber paralizado de manera deliberada un expediente sancionador relacionado con la construcción de viviendas sin licencia. Su decisión de aplazar la firma del documento, que motivó el retraso en la tramitación, se justificó por las "dudas" y sospechas sobre la posible autorización municipal de la parcela.
Durante el juicio en la Audiencia Provincial, en el que se le investiga por un presunto delito de prevaricación, la Fiscalía ha pedido para Torres una condena de un año y tres meses de prisión, siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a doce euros diarios durante diez meses. Esta petición incluye una atenuante por dilaciones indebidas debido a una paralización injustificada en un expediente que data de 2017.
El proceso judicial también involucra al promotor de las viviendas ilegales, que ha reconocido los hechos. La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve meses de prisión y multa de seis meses a razón de tres euros diarios por un delito contra la ordenación del territorio, y la defensa ha reclamado la suspensión de la pena privativa de libertad.
Argumentos y justificaciones del alcalde
Torres explicó que fue especialmente cauteloso al revisar la providencia enviada por los funcionarios para proceder con el expediente sancionador, dado que se trataba de un asunto de disciplina urbanística. Por este motivo, decidió no firmar el trámite hasta haberse reunido con el personal municipal y aclarar todas las dudas.
El alcalde señaló: "Llamé a --el funcionario-- y le dije que había rechazado la firma porque me sonaba que la parcela estaba autorizada por el Ayuntamiento". Durante el tiempo en que el expediente permaneció suspendido, se recopilaron datos adicionales sin que se archivara el caso.
El funcionario encargado de tramitar el expediente confirmó que se emplearon once meses en investigar la situación de la parcela, existiendo un acuerdo de la junta de gobierno de 2005 que autorizaba su uso para residencia mediante una vivienda prefabricada. Sin embargo, el secretario municipal declaró que este dato se conoció "muchísimo más tarde".
Además, Torres expuso que otras circunstancias dificultaron avanzar en el expediente, como las condiciones sociales del afectado, quien era "un señor dependiente con hasta seis menores a su cargo", así como la incertidumbre acerca de la categoría del suelo, que podía ser dominio público o patrimonial.
Ante estos interrogantes, el alcalde afirmó: "Antes de dar un paso que pudiera comprometer al Ayuntamiento, decidí retirar la firma y preguntar primero". También destacó que la providencia carecía de informes necesarios según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Perspectiva de los funcionarios y la Fiscalía
El funcionario responsable puntualizó que tras el rechazo a la firma de la providencia por parte del alcalde, se inició una ardua búsqueda en archivos municipales en formato papel para recuperar las licencias previas relacionadas con el suelo. Indicó que el expediente “no estuvo parado” sino “pendiente de tramitación”, destacando la demora en encontrar la documentación original de 2005.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el asunto apenas tenía "poco que estudiar" y que el alcalde "dejó en el aire" el expediente al negarse a firmar el documento inicial, el cual procedía de la denuncia de la Policía Local. Insistió en que para comenzar la tramitación solo se requería la firma para elaborar los informes preceptivos.
Según el informe de la Guardia Civil, la paralización del expediente durante 13 meses fue prolongada y sin justificación válida, quedando "guardado en el cajón sin visos de reactivar". El fiscal consideró que el alcalde actuó “a sabiendas” de que su conducta era “contraria a la legalidad” con la intención de “evitar y paralizar la tramitación del expediente de inspección”.
Posteriormente, la alcaldesa Ángeles Castill (PSOE), que accedió al cargo tras una moción de censura, reactivó el procedimiento firmando la providencia para continuar con el expediente.
Detalles sobre la construcción ilegal
El segundo acusado reconoció que entre 2016 y noviembre de 2017 comenzó la edificación de dos viviendas sin licencia municipal en suelo no urbanizable de especial protección, con sucesivas ampliaciones hasta esa fecha. La primera vivienda consistió en cinco bloques cuadrados con un total de 134 metros cuadrados, mientras que la segunda obra incluía una edificación de 63 metros cuadrados junto a un almacén de nueve metros cuadrados.
Estas construcciones no llegaron a finalizarse y no podrían haber sido autorizadas debido a la clasificación del suelo como rústico preservado, tras una planificación territorial con protección especial.
El coste estimado de la demolición, según tasación pericial, ascendería a 15.528,84 euros. El expediente sancionador permanece aún sin resolver, según testigos durante el juicio, que ya ha quedado visto para sentencia.
