El dueño del gran vertedero ilegal de Roquetas de Mar, condenado tras diez años de actividad
El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha dictado sentencia contra el propietario de un vertedero ilegal que operó durante más de una década en el paraje de Las Palmerillas, en Roquetas de Mar (Almería). En este espacio se acumularon casi 19.000 metros cuadrados de residuos que incluían desde restos agrícolas como tomates y melones, hasta materiales de construcción, neumáticos, plásticos empleados en invernaderos y desechos procedentes de la limpieza viaria del municipio.
Según informa Europa Press, el fallo establece una condena de dos años y un día de prisión para el empresario por un delito agravado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, deberá abonar una multa de 2.526 euros y hacerse cargo, de manera subsidiaria, de los costes de restauración del terreno que corresponden a la Junta de Andalucía.
La resolución también contempla la inhabilitación para trabajar en cualquier empresa vinculada a la gestión de residuos durante un período igual al de la condena de prisión. Por otro lado, la sentencia ha sido remitida tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes mantienen abiertos procedimientos sancionadores paralelos derivados de estos hechos.
Detalles sobre la acumulación de residuos
La sentencia establece que el acusado ejercía como administrador solidario de una empresa dedicada a la fabricación de hormigones, que tenía bajo su control cinco parcelas en el paraje de Las Palmerillas, actividad que cesó en diciembre de 2012. Aunque estas fincas estaban registradas a nombre de distintas entidades, el propietario aparecía vinculado a todas ellas a través de su participación en las sociedades correspondientes.
El acusado mantuvo la posesión de los terrenos donde se registró un "acopio incontrolado de residuos" hasta que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar procedió al precinto del lugar el 29 de septiembre de 2022. En estos espacios se encontraron desechos peligrosos y no peligrosos, sin contar con las medidas exigidas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, además de faltar documentación sobre el origen y destino final de los residuos.
El almacenamiento se realizó de forma clandestina, dado que no se obtuvo ninguna autorización administrativa ni instrumentos de prevención ambiental previos por parte ni de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento roquetero.
El acusado alegó que los depósitos de residuos que podían generar daños significativos en aire, agua y suelo tenían su origen en vertidos "históricos". Sin embargo, esta afirmación fue desmentida tanto por las inspecciones realizadas durante el juicio, en las que se observaron restos vegetales "recientes", como por las ortofotografías tomadas de las parcelas.
Por otro lado, el empresario negó ser responsable de los vertidos al afirmar que solo había dado autorización para un depósito "temporal" de los residuos procedentes de la limpieza urbana realizada por Urbaser, hasta que su compañía Tecnicons Andalsur pudiera trasladar esos desechos a un lugar autorizado. La juez rechazó esta versión considerando el volumen, la prolongación temporal y el orden en la disposición de los residuos, además de la "quema sistemática y periódica" de residuos en contenedores de obra, que motivó cuatro denuncias de la Policía Local entre febrero y mayo de 2021.
Autorizaciones y contaminación ambiental
Las inspecciones llevadas a cabo por el Seprona en 2021 detectaron parcelas sin impermeabilizar donde la acumulación de residuos alcanzaba alturas de entre tres y cinco metros. Según las observaciones, el volumen de desechos pudo llegar a los 63.000 metros cúbicos. Entre los residuos encontrados se contaban restos de cultivos de invernadero, muebles y plásticos mezclados con neumáticos, además de plásticos agrícolas distribuidos en aproximadamente 2.000 metros cuadrados. También aparecieron desechos de construcción, basuras domésticas, frigoríficos y aparatos eléctricos.
En una de las parcelas se inspeccionó una zanja de unos 12,5 metros cuadrados con vertidos que parecían corresponder a aguas residuales provenientes de saneamientos industriales o viviendas. Parte de estos depósitos generaban lixiviados que contaminaban el cauce público hidráulico, pudiendo ocasionar daños significativos en la calidad del suelo y las aguas subterráneas debido a su elevada toxicidad.
Respecto a los plásticos agrícolas, la sentencia subraya que se trataba de "polietileno de baja densidad", que es susceptibles de contaminar el suelo por arrastre o compactación de los residuos depositados. Además, estos restos podrían actuar "como vector de transmisión de enfermedades" e interactuar también con la fauna terrestre afectando a la salud y a las funciones del suelo.
Los dispositivos eléctricos y electrónicos, como los frigoríficos encontrados, también representan un riesgo ambiental, dado que "pueden causar daños en la calidad del aire" por liberación de gases a la atmósfera.
Por otro lado, se detectaron 800 metros cuadrados de desechos derivados de la limpieza viaria ejecutada por Urbaser, empresa concesionaria del Ayuntamiento, con una altura máxima de hasta tres metros. El acusado, en calidad de gerente de Tecnicons Aldasur, autorizó esta acumulación temporal, justificándola como parte de la gestión prevista por su empresa que se dedica al tratamiento, reciclaje y valorización de residuos peligrosos y no peligrosos.
El tribunal absolvió a Tecnicons Aldasur al considerar que no quedó demostrada la existencia de vinculación comercial entre esta sociedad y las entidades o personas que depositaron el resto de residuos en las parcelas, señalando que la autorización otorgada por el acusado correspondía a título personal y no en su rol como gerente de la empresa.
