La Justicia embarga los ingresos de Ana Julia Quezada
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha dictado una orden para embargar los bienes y fondos económicos pertenecientes a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018. Esta medida se ha adoptado con el objetivo de asegurar el pago de una indemnización de 500.000 euros que debe entregarse a los padres de la víctima.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Europa Press, esta resolución fue firmada el 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia. Se estableció iniciar el embargo sobre los ingresos que Quezada obtiene debido a sus labores dentro del centro penitenciario de Brieva (Ávila), donde cumple condena, que rondan los 200 euros mensuales, así como sobre cualquier otro ingreso o asignación que pueda percibir.
Detalles del monto y pagos
La sentencia emitida en septiembre de 2019 impuso a Quezada la obligación de abonar 250.000 euros a cada uno de los progenitores de Gabriel Cruz, en concepto de daños morales. Además, el fallo estableció una suma de 200.203 euros por los gastos ocasionados al Estado relacionados con las labores de búsqueda que se llevaron a cabo durante casi dos semanas mientras el menor estuvo desaparecido.
Según información publicada por Prensa Ibérica, desde la emisión de dicha sentencia y hasta la fecha, Ana Julia Quezada habría realizado pagos por un total de apenas 467 euros a los padres del niño conocido como ‘pescaíto’. Es importante señalar que el fallo pasó a ser firme en febrero de 2020 tras la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Apelación de la defensa
El equipo legal que representa a Quezada ha presentado un recurso contra esta orden de embargo. Argumentan que la cantidad que la condenada ha recibido por su trabajo dentro de la prisión es inferior al salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, "resultarían inembargables". Asimismo, precisan que el resto del dinero que consta en su patrimonio procede de ayudas proporcionadas por personas cercanas a ella.
Esta apelación tendrá que ser valorada por la autoridad judicial competente para determinar si procede mantener o modificar la medida de embargo sobre los ingresos y bienes de Ana Julia Quezada.
