La Justicia ordena reabrir la investigación por presunta estafa en el tanatorio municipal
La Audiencia Provincial de Almería ha decidido reabrir la causa sobre posibles irregularidades en la gestión y facturación del servicio del tanatorio municipal, tras haber sido archivada en febrero por el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad. Esta reapertura responde al recurso presentado por concejales del PSOE y el sindicato CSIF.
Según la denuncia, la empresa concesionaria ASV Funeser podría haber utilizado una segunda compañía, La Nueva de Málaga, para prestar servicios con el mismo personal pero sin emitir facturas que impactaran en el pago del canon anual al Ayuntamiento. Esta práctica habría incrementado sus beneficios en perjuicio de las finanzas públicas.
El auto emitido el 23 de septiembre por la Sección Segunda insta a continuar la investigación con pruebas adicionales, incluidas aquellas sugeridas por los denunciantes, para esclarecer los hechos. Se rechaza el sobreseimiento previo, que se basaba exclusivamente en dos informes —uno municipal y otro pericial— considerados insuficientes por no abordar en profundidad el caso.
Entre las diligencias propuestas está el análisis exhaustivo de las facturas emitidas por ASV Funeser y La Nueva de Málaga para detectar si hubo "facturación paralela", un aspecto clave que hasta la fecha no se ha aclarado debido a que la documentación requerida nunca fue aportada.
Derechos y responsabilidades de las autoridades municipales
Contrario a la postura inicial de la Fiscalía y el Ayuntamiento, el tribunal considera esencial estudiar este punto para determinar si la segunda mercantil evitó abonar parte del canon que corresponde a la concesionaria, que representa el núcleo de la denuncia.
El auto también recuerda al juez la opción pendiente de designar Policía Judicial para investigar en profundidad los hechos. Además, se solicita un informe oficial del Ayuntamiento que evalúe posibles perjuicios derivados de la supuesta facturación paralela y, en caso afirmativo, cuantifique dichos daños.
Se propone igualmente requerir la liquidación y extinción del contrato firmado en 2010, relacionado con la gestión de cementerios, tanatorio y crematorio, petición formulada por los denunciantes pero no atendida inicialmente, ya que podría aportar datos sobre la repercusión económica para el Consistorio del manejo de ingresos por parte de La Nueva.
Los denunciantes alertaron sobre un posible delito continuado de estafa, señalando que La Nueva de Málaga utilizaba las instalaciones municipales con el consentimiento de ASV Funeser, empleando incluso el mismo personal. Según el contrato, la concesionaria debe abonar un canon anual del 12 % sobre todos los ingresos generados, pero habría evitado parte de este pago mediante dicha estructura empresarial.
La denuncia destaca que, por ejemplo, se detectaron hasta dos datáfonos diferentes en las instalaciones y diversas irregularidades relacionadas con el ámbito laboral.
Multa y sanciones por irregularidades en el servicio
En cuanto a las responsabilidades de la alcaldesa María del Mar Vázquez y la concejala Sacramento Sánchez, el juez descartó inicialmente imputarles prevaricación por omisión, al considerar que actuaron tras conocer las denuncias y adoptaron medidas para aclarar la situación, como convocar comisiones de seguimiento y requerir documentación a la empresa concesionaria.
Se señaló que ambas responsables gestionaron procesos para investigar irregularidades y anunciaron en pleno ordinario la apertura de un expediente sancionador. Este expediente fue iniciado tras instar a la empresa a retirar al personal ajeno a ASV Funeser de las instalaciones municipales dentro de un plazo determinado.
En mayo de 2024, el Ayuntamiento confirmó una multa de 40.393,36 euros a ASV Funeser, adjudicataria en 2022 del servicio por casi 22 millones de euros y un período de 15 años, por uso indebido de las instalaciones para actividades distintas a las incluidas en la concesión, utilizando para ello a su personal en beneficio propio.
El proceso administrativo comenzó en noviembre de 2023 tras las denuncias del sindicato CSIF y el grupo municipal del PSOE sobre irregularidades graves. Se impusieron dos sanciones de 20.269,68 euros cada una, una por ceder los espacios municipales a empresas externas y otra por permitir que empleados realizaran tareas fuera del contrato.
El pliego estipulaba que el personal debía tener "dedicación exclusiva" sin realizar otras labores. No obstante, se detectó que se prestó "soporte logístico a empresas ajenas" mediante la concesión de espacios a Agencia Funeraria La Nueva de Málaga sin autorización.
El informe municipal detalló el uso irregular de cocheras, almacenes y otros espacios para servicios funerarios a través del personal de ASV, sin permiso municipal. Además, señaló la explotación no autorizada de una cafetería y una floristería en instalaciones municipales.