Agricultores y regantes ya pueden comunicar los daños de las últimas borrascas, tras abrirse el plazo oficial
La cuenta atrás ha comenzado para los afectados por las potentes borrascas que han azotado Andalucía y Extremadura en las últimas semanas. Tanto agricultores como ayuntamientos se juegan millones en ayudas directas y urgentes. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya mueve ficha: este viernes ha dado luz verde en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a la orden que pone en marcha el proceso para declarar los daños y solicitar reparaciones inmediatas. No hay tiempo que perder.
La urgencia es máxima: el plazo para informar de los desperfectos en caminos rurales y sistemas de regadío expira el 15 de abril. Solo actuando rápido será posible acceder a las nuevas ayudas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Ministros y blindar la recuperación de las zonas más castigadas por el temporal.
Millones para salvar el campo
El paquete de apoyo aprobado el 17 de febrero está dotado con 600 millones de euros asignados exclusivamente para restaurar caminos agrarios y redes de riego. Nunca antes se había destinado tanto dinero a estos trabajos en tan poco tiempo. El objetivo: devolver la normalidad lo antes posible a las zonas rurales afectadas.
Estas inversiones forman parte del plan de rescate más ambicioso que recuerda el sector primario en Andalucía y Extremadura, dos regiones especialmente golpeadas por una sucesión de temporales desde enero. En total, el presupuesto habilitado por el Ministerio de Agricultura asciende a 2.874,1 millones de euros, de los que 2.174 millones llegarán a los bolsillos de agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores como compensación directa por las pérdidas sufridas.
Cómo solicitar las ayudas extraordinarias
El texto oficial establece con detalle el procedimiento y las condiciones para comunicar los daños al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Todos los afectados disponen de un plazo claro: hasta el 15 de abril podrán remitir sus informes tanto sobre caminos agrarios como sobre infraestructuras de riego. La rapidez en la gestión es esencial para poder optar al reparto de fondos.
La coordinación será la clave para acelerar el proceso. El Gobierno ha dispuesto una estrecha colaboración entre los responsables de cada nivel territorial: ayuntamientos, diputaciones provinciales, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura y técnicos de empresas estatales estarán implicados en la verificación y tramitación de las solicitudes. Este engranaje busca garantizar que ninguna área afectada se quede fuera del reparto.
Quién supervisa la reparación de infraestructuras
En cada provincia, las propuestas para la recuperación de caminos rurales serán preparadas y enviadas al Ministerio de Agricultura por las subdelegaciones del Gobierno, trabajando junto a comités técnicos formados por diputaciones provinciales, las juntas autonómicas y expertos de Tragsa y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). Así se asegura una evaluación transparente y técnica del alcance de los daños.
Una vez validadas las solicitudes, la ejecución de las obras correrá a cargo de Tragsa, la empresa pública de transformación agraria. Se prevé restablecer caminos de acceso a parcelas, sanear plataformas rurales y restaurar sistemas de almacenamiento, canales, acequias y balsas de riego. El propósito: devolver a agricultores y regantes la operatividad perdida antes de la próxima campaña.