Arrestado un ex jefe de gabinete de Delegación del Gobierno en Andalucía por presunta implicación en una trama urbanística
Al menos hay otras cuatro personas arrestadas, entre ellas, empleados de la empresa pública de la vivienda
Durante la jornada de este martes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo la detención de Rafael Pineda, quien desempeñaba el cargo de ex jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía. La detención se enmarca dentro de una investigación sobre actuaciones urbanísticas en una parcela gestionada por Emvisesa y situada en la zona de Pino Montano, en los terrenos conocidos como El Higuerón. El origen de este caso se remonta a una denuncia que señalaba posibles irregularidades en la subasta pública para la venta de dicha parcela.
Fuentes próximas a la investigación confirmaron a Europa Press que, hasta el momento, existen al menos cinco personas detenidas, entre ellas Rafael Pineda y varios empleados vinculados a la empresa municipal de vivienda. El proceso judicial se desarrolla bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 10 en Sevilla.
Detenciones en la operación urbanística de Pino Montano
Durante las pesquisas realizadas por la UCO, han sido arrestados cinco individuos vinculados con la venta de una parcela de Emvisesa en la zona norte de Sevilla. Entre ellos figura el ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, así como empleados municipales relacionados con la gestión de la citada empresa pública de vivienda. El objetivo de las autoridades es esclarecer posibles delitos cometidos durante el proceso de enajenación mediante subasta pública.
El Juzgado de Instrucción número 10 de la capital andaluza lleva el control de las diligencias, que avanzan tras la denuncia inicial y la recopilación de pruebas relativas a la operación urbanística en los terrenos del Higuerón. Las actuaciones permanecían bajo secreto hasta fechas recientes, momento en el que se hizo público el alcance de la operación.
Investigación y suspensión en Emvisesa
En noviembre del año pasado, el Ayuntamiento local abrió un expediente de investigación interna tras acceder a un informe de la UCO que apuntaba a irregularidades dentro de la empresa municipal Emvisesa. Como medida cautelar, fue suspendido de empleo un trabajador señalado, sospechoso de intervenir en el "proceso desierto y continuado" vinculado con dicha parcela. Además, la documentación recogida indicaba que este empleado habría recibido más de 78.000 euros en su función como responsable dentro de la entidad municipal.
Los indicios recabados por la UCO despertaron alarma sobre el procedimiento seguido en la licitación y venta posterior del citado terreno. Este informe formó la base para la apertura de actuaciones internas y la colaboración estrecha con la autoridad judicial, que sigue investigando el papel y las posibles responsabilidades de cada uno de los implicados.
Análisis de la parcela implicada
El documento elaborado por la UCO centra su atención en una parcela ubicada en Pino Montano, que permaneció sin adjudicar durante varios años, específicamente durante la administración del exalcalde Juan Espadas (PSOE) a partir de 2017. Según explicó el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, "era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esos terrenos, y así lo reconoce la UCO".
De la Rosa recordó que una vez detectadas las dificultades por la presencia de inquilinos, se solicitó una nueva valoración que rebajó el precio original. "Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso", declaró al ser consultado acerca de esta operación inmobiliaria.
Actuación del Ayuntamiento y posicionamiento político
A raíz de la investigación, el Ayuntamiento decidió personarse en el procedimiento a través de Emvisesa el pasado 20 de octubre, una vez el secreto de sumario fue levantado. El regidor de Sevilla, José Luis Sanz (PP), aprovechó para subrayar que "en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial". Añadió: "Quizás estaban más preocupados de otros temas que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban".
Por su parte, el Grupo Socialista en el Consistorio de Sevilla mantiene desde la aparición del asunto en los medios que, tras revisar la documentación relativa a la gestión urbanística de Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad". La postura del partido ha sido defender la regularidad del proceso frente a las actuales investigaciones y declaraciones de la oposición.