El Consejo de Estado obliga a flexibilizar los requisitos del decreto de creación de universidades

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del real decreto 640/2021, que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. La modificación responde a una flexibilización impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tras recibir el 11 de septiembre un informe del Consejo de Estado.

Entre las principales modificaciones adoptadas se encuentra la supresión de la obligación de que la entidad promotora demuestre experiencia en gestión universitaria. No obstante, el equipo directivo que liderará la universidad deberá acreditar dicha experiencia en gestión universitaria para asegurar la solvencia del proyecto.

La memoria que los proyectos universitarios deben presentar incluirá ahora información detallada sobre el primer equipo directivo, apuntando a la garantía de capacidad para la gestión y desarrollo de la institución.

Normativas para las nuevas universidades

El Consejo de Estado también indicó que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que acompaña a los proyectos para que amplíen su oferta de títulos, no puede tener carácter vinculante. Por ello, el decreto establece que la ampliación de titulaciones deberá contar con el informe de esta Conferencia pero sin que sea obligatorio para la aprobación final.

El Gobierno busca, con esta normativa, asegurar que todas las universidades, sin importar su ubicación, cumplan con unos estándares de calidad homogéneos. Cabe señalar que desde 1998, año de creación de la Universidad Politécnica de Cartagena (última universidad pública), solo se han reconocido 27 universidades privadas.

Desde 2018, el Ministerio ha emitido 25 informes sobre proyectos universitarios, los cuales se remitían a la Conferencia General de Política Universitaria, donde están representados tanto el Gobierno como las comunidades autónomas; informes que no eran vinculantes. De estos, 13 fueron desfavorables, aunque cuatro proyectos siguieron adelante gracias a la aprobación autonómica, pese a la oposición técnica del Ministerio.

La nueva regulación introduce la necesidad de un informe de evaluación vinculante elaborado por Aneca o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe obligatorio de la Conferencia General de Política Universitaria. Actualmente, existen once agencias de calidad en España, todas independientes y asociadas a la European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Con la evaluación positiva de estas agencias, el Ministerio continuará gestionando la tramitación del proyecto, centrando su informe no vinculante en verificar la solvencia económica y la experiencia educativa del equipo directivo.

Para reforzar la independencia de la evaluación, las agencias crearán una comisión compuesta mayoritariamente por profesorado seleccionado mediante un sorteo nacional entre universidades españolas.

Además, se establece que las universidades deben contar con una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes. También se incrementan las garantías económicas, exigiendo un aval bancario u otro instrumento legal que certifique la disponibilidad de recursos suficientes.

Condiciones para universidades online

El decreto norma que el reconocimiento para nuevas universidades online deberá aprobarse en las Cortes Generales, incluyendo un informe vinculante de Aneca. Sin embargo, se contemplan tres excepciones a esta regla: universidades con precios públicos establecidos por la comunidad autónoma, aquellas con sede en territorios con lengua cooficial donde al menos el 50% de la docencia se imparta en dicha lengua, y las que tengan al menos un 20% de financiación autonómica.

También se impone el compromiso de que, en un plazo de tres años desde su creación, la universidad deberá garantizar plazas de alojamiento equivalentes al 10% del alumnado. Asimismo, el 5% del presupuesto debe destinarse a la investigación y la mitad del profesorado debe ser doctor, de los cuales el 60% deben contar con una evaluación positiva y al menos un sexenio de investigación.

El real decreto también facilita la expansión internacional de universidades públicas y privadas, permitiendo la creación de facultades fuera de España previa autorización autonómica y con informes favorables del Gobierno. Se introduce además la figura del centro de altos estudios.

Plazos y requisitos para las universidades

Las universidades vigentes o que se creen tras la entrada en vigor tendrán un plazo de tres años para cumplir con los requisitos. En cambio, las instituciones autorizadas en los últimos tres años dispondrán de cinco años. Para ciertos parámetros, como el número mínimo de estudiantes, los plazos se extienden hasta seis o siete años.

En caso de incumplimiento, la universidad deberá presentar un plan de mejora y dispondrá de tres años adicionales para corregir la situación. Por ejemplo, aquellas que no alcancen los 4.500 estudiantes en seis años tendrán un margen de tres años más para ajustarse.

Si se logra al menos el 70% del objetivo de estudiantes, no se aplicarán sanciones, dado que se considera un avance satisfactorio. Además, los títulos universitarios deberán especificar la modalidad en la que se ha cursado: presencial, virtual o híbrida.

Situación de proyectos universitarios actuales

Los ocho proyectos de universidades privadas que aún no han iniciado el procedimiento de reconocimiento deberán cumplir los nuevos requisitos. Estos están localizados en Aragón (3), Extremadura (2), Canarias (1), Andalucía (1) y Asturias (1), con tres de ellos como universidades online.

Por otro lado, cuatro proyectos presentados recientemente ante la Conferencia General de Política Universitaria se han regido por la normativa previa. De estos, tres recibieron informes desfavorables del Ministerio: Universidad Felipe II y TAI University en Madrid, y Universidad de Mallorca. La Universidad Abierta de Extremadura sí obtuvo la aprobación de dicho organismo.