El coste de la vivienda dispara el riesgo de pobreza en el 33% de los jóvenes españoles
Un análisis conjunto de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) revela que el 32,9% de los hogares jóvenes estaría en situación de pobreza si se descuentan los gastos de vivienda de la renta disponible. Cuando no se consideran estos gastos, el riesgo baja al 24,5%.
- Pobreza oculta entre los jóvenes por los gastos de vivienda
- Desigualdad en el acceso a la vivienda para jóvenes e inmigrantes
- Crecimiento del alquiler y el esfuerzo económico requerido
- Escasez de vivienda social y propuestas para su aumento
El informe subraya que los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados destinan casi un 29% de su ingresa familiar a la vivienda, un esfuerzo mucho mayor que el de los mayores de 34 años, que pagan 10 puntos menos. Esto se explica por la elevada proporción de jóvenes que viven en alquiler de mercado, el tipo de vivienda que requiere mayor sacrificio económico.
Por ello, la tasa de pobreza para los hogares jóvenes se eleva al 32,9% una vez que se descuenta el coste de la vivienda, cifra que supera en casi diez puntos la media nacional (23%). La situación es aún más grave en hogares encabezados por inmigrantes, donde el porcentaje alcanza el 52,3%.
Desigualdad en el acceso a la vivienda para jóvenes e inmigrantes
El informe pone el foco en el desajuste entre la creación de hogares y la construcción de viviendas, ya que España solo ha edificado el 45% de las casas necesarias entre 2021 y 2025: 454.000 viviendas frente a 965.000 hogares formados. Esta disparidad afecta directamente a la oferta y los precios.
La construcción residencial está aún lejos de recuperar los niveles previos a la crisis inmobiliaria. Problemas como la escasez de mano de obra cualificada, procesos urbanísticos complejos y cambios demográficos ralentizan la respuesta del mercado.
Además, con el 56% de hogares formados por una o dos personas, la demanda aumenta, pero el número de ingresos por hogar baja, agravando la presión económica sobre los residentes.
La demanda se concentra especialmente en áreas metropolitanas y destinos turísticos, con Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía acaparando el 60% de la población. Provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga son los principales focos de tensión en el mercado.
Los jóvenes y los inmigrantes son los grupos más afectados por estas dificultades. La edad media de emancipación ha subido en España hasta los 30 años, cuatro más que la media europea, debido a precariedad laboral, bajos salarios, demora en herencias y dificultades para obtener hipotecas.
Actualmente, solo el 40,8% de los jóvenes es propietario, una caída de casi 20 puntos respecto a 2008, mientras que el 45% vive en alquiler de mercado. Además, casi el 20% destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, cifra que se reduce al 9% para la media nacional, pero sube al 25,8% entre inmigrantes.
Crecimiento del alquiler y el esfuerzo económico requerido
El aumento del precio de la vivienda y las condiciones hipotecarias más estrictas han impulsado un crecimiento espectacular del alquiler en España. En apenas dos décadas, los hogares en alquiler han pasado de 2,1 a 3,9 millones, representando el 20,2% del total.
El coste de la vivienda supone un esfuerzo económico distinto según el tipo de tenencia. Mientras el gasto medio ronda el 18,8% de la renta disponible, quienes alquilan a precio de mercado destinan el 34,2%. Los que pagan hipoteca destinan un 24,2%, mientras que el alquiler social supone un 17,7% y la vivienda en propiedad sin hipoteca solo un 9,9%.
Esta situación afecta en especial a los hogares con menores ingresos: el 31,3% del quintil más bajo gasta más del 40% en vivienda, frente a menos del 2% entre los más acaudalados. Entre los pobres, casi seis de cada diez inquilinos del mercado libre hacen un sobreesfuerzo para costear el alojamiento.
Escasez de vivienda social y propuestas para su aumento
Solo el 3,5% del parque inmobiliario en España corresponde a vivienda social, menos de la mitad del promedio europeo cercano al 8%. Para equiparar ese nivel serían necesarias unas 900.000 viviendas sociales adicionales destinadas al alquiler.
Incrementar esta oferta permitiría dar una solución adecuada a más del 40% de los hogares que hoy residen en alquiler de mercado y soportan una carga excesiva por vivienda. No obstante, lograrlo requeriría años de políticas continuas y una estrecha coordinación entre las administraciones públicas.
Entre las medidas planteadas están fomentar la construcción industrializada, acelerar la concesión de licencias con herramientas digitales y flexibilizar normativas urbanísticas para facilitar nuevas viviendas. También se propone que el sector público gestione parte del parque privado para ampliar el alquiler asequible, mediante acuerdos con grandes tenedores o la incorporación de viviendas procedentes del Fondo Social de Vivienda o Sareb.
Para cerrar, el informe defiende la urgencia de un pacto de Estado que garantice una política de vivienda estable, centrada en ampliar el parque de alquiler social y en evaluar continuamente el impacto de las medidas públicas para garantizar un acceso digno a la vivienda.