El Defensor pone el foco en la desigual implantación de contadores de telectura en las capitales
La digitalización del consumo de agua avanza a dos velocidades en Andalucía. Y el aviso llega con datos que sorprenden: en algunas grandes ciudades apenas se ven contadores con telelectura.
El Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en un problema que puede salir caro. Las quejas por recibos elevados, ligados a consumos no detectados por averías internas, han empujado a revisar cómo se controla el agua en los hogares.
El mensaje es claro y urgente: sin sistemas de alerta y lecturas más ágiles, las fugas pueden pasar semanas sin detectarse. El resultado se traduce en más agua perdida y facturas que disparan la tensión con los usuarios.
- Mapa desigual de telelectura en capitales andaluzas
- Quejas por facturas altas y objetivo de protocolos
- Ayudas públicas y freno económico a los cambios
- Debate sobre plazos en la Ley de Economía Circular
Mapa desigual de telelectura en capitales andaluzas
El Defensor del Pueblo Andaluz advierte de una "gran disparidad" en la implantación de contadores con sistemas de telelectura en las grandes capitales de provincia. Los ejemplos más llamativos aparecen en cifras muy bajas: el 3% en Granada y el 15% en Huelva.
Tras la información reunida en la queja de oficio, abierta en enero de 2024 y consultada por Europa Press, el organismo resume el escenario: "podemos concluir que la implantación de sistemas digitales de control del consumo de agua urbana resulta muy desigual en el territorio andaluz". También destaca que algunas capitales y entidades mancomunadas llegan a niveles cercanos al 70% de contadores domiciliarios digitalizados.
El contraste dentro de las propias capitales preocupa. El Defensor remarca que hay previsiones de crecimiento "inferiores al 10% o al 30%", todavía lejos de las ciudades con un despliegue alto de contadores digitales.
Quejas por facturas altas y objetivo de protocolos
La intervención del Defensor no nace de una estadística aislada. Llega tras recibir "quejas" por "una elevada facturación de agua debida a un consumo no advertido en caso de avería en las instalaciones interiores". El patrón se repite: una fuga interior puede pasar desapercibida y acabar reflejada en el recibo.
La "intención" del Defensor se orientó a impulsar protocolos más claros. El objetivo: que las suministradoras "asuman un papel proactivo en la advertencia de posibles fugas para procurar su corrección inmediata o para reducir los plazos mínimos de toma de lecturas a fin de evitar la pérdida de agua".
En la práctica, la telelectura y los avisos automáticos se convierten en piezas clave. Sin esos sistemas, la detección tarda más y el margen para reaccionar se estrecha.
Ayudas públicas y freno económico a los cambios
El Defensor también pone el acento en la financiación del salto digital. Señala la "excesiva dependencia de programas de ayudas económicas" para avanzar en "una mayor implantación de la digitalización en los contadores domiciliarios de agua frente a la mayoritaria utilización de sistemas digitales en los mecanismos de control de la red de abastecimiento a poblaciones a través de sectorización y telecontrol".
Según lo observado, el despliegue en el parque total de contadores sigue siendo reducido en muchas entidades: "Asimismo --concluye--, hemos observado que la mayoría de entidades cuentan con un grado de implantación de contadores digitales muy limitado, rondando el porcentaje sobre un parque total de contadores entre apenas un 1% hasta un 35%".
La advertencia va un paso más allá. "Algunas entidades --reconoce-- han señalado incluso que su situación económica-financiera no permite realizar una inversión de cambios de contadores de telegestión que dispone de información disponible para el abonado y que incluya sistemas de alerta para una reacción inmediata ante un consumo excesivo de agua por avería interior, considerando necesaria la ampliación de convocatorias públicas de subvenciones".
Debate sobre plazos en la Ley de Economía Circular
El informe también entra en el terreno normativo. El Defensor analiza la Ley de Economía Circular de Andalucía, donde "se ha suscitado un debate en torno a la interpretación que deba darse al alcance del plazo concedido para cumplimiento de la obligación de implantación de sistemas digitales de gestión de los recursos hídricos y las infraestructuras hidráulicas".
En ese debate, el organismo recoge la posición de parte del sector: "Hemos de acoger las alegaciones de aquellas entidades suministradores que entienden que la norma no impone una digitalización del 100% del parque de contadores a esta fecha".
Las suministradoras aportan un argumento clave ligado al impacto económico. "justificaban que una interpretación en tal sentido supondría un esfuerzo inversor desmedido y que tendría impacto en la tarifa de explotación a cobrar luego a los usuarios del servicio a través de su amortización".