La FOAM recuerda al Gobierno su obligación legal de financiar al 50% la dependencia en Andalucía
- La federación crítica la financiación del Gobierno en dependencia
- El incumplimiento legal y el reparto desigual de gastos
La federación crítica la financiación del Gobierno en dependencia
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha señalado este sábado que la Ley del sistema de dependencia desacredita al Ejecutivo, pues según esta entidad, el Gobierno está obligado por ley a aportar el 50% de la financiación de este servicio. Asimismo, la FOAM tilda de "pacto desigual" el acuerdo establecido con el Gobierno vasco, que a su juicio crea una desigualdad frente al resto de las comunidades autónomas.
En un comunicado oficial, la Federación insiste en que el sistema de dependencia en España se encuentra "colapsado". Argumenta que la responsabilidad financiera debería ser compartida, pero "el Estado elude su compromiso económico", lo que consideran la "causa principal de este colapso". Según la FOAM, desde 2006 el Gobierno central incumple sistemáticamente la obligación legal de cubrir el 50% del coste.
El incumplimiento legal y el reparto desigual de gastos
Actualmente, el Gobierno central solo asume el 26,96% del gasto total en dependencia, mientras que las comunidades autónomas soportan el 73,04% restante. La FOAM destaca que el Estado destina únicamente el 0,81% del PIB a dependencia, cifra que contrasta con el 2% dedicado a defensa. Por ello, la entidad considera que "el Gobierno miente abiertamente al afirmar que la ley no le obliga a pagar el 50%".
La federación recuerda que la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece claramente la obligación del Estado de igualar la inversión autonómica en esta materia. En el artículo 32.3 se establece que "la aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado", consolidando el principio de corresponsabilidad financiera y asegurando una financiación estable y garantizada mediante cooperación entre administraciones.
Pese a esta obligación, la FOAM denuncia que el Estado nunca ha cumplido con su deber. Según datos oficiales del Imserso, la carga financiera recae de forma desproporcionada sobre las comunidades autónomas, lo que evidencia un incumplimiento sistemático por parte del Gobierno central.
