La jueza que investiga el caso en Montoro exige a Adif paralizar cualquier actuación sobre las vías
Le solicita "la restitución inmediata del material que obre en su poder, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal"
El accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, sigue generando fuerte tensión y movimientos judiciales. El desastre, que dejó 46 víctimas mortales y más de 120 personas heridas, destapa nuevas incógnitas y pone a instituciones clave en el foco mediático. El caso se complica tras la reciente actuación de Adif, que ha reavivado la polémica sobre la custodia de pruebas cruciales.
La investigación avanza a marchas forzadas y la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro tiró del freno: prohíbe a Adif tocar cualquier material retirado del lugar del siniestro. Cada minuto cuenta y las decisiones tomadas podrían influir en las responsabilidades penales, mientras los familiares de las víctimas y la opinión pública exigen respuestas contundentes.
Prohibición judicial inmediata a Adif
La jueza que dirige la instrucción ha ordenado tajantemente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que "se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa". Esta medida busca blindar las pruebas esenciales para esclarecer el dramático accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.
El requerimiento, fechado el 10 de febrero y desvelado tras el aviso de la Guardia Civil sobre actuaciones presuntamente irregulares de Adif, incluye una amenaza clara: si no restituyen de inmediato cualquier material obtenido y no suspenden toda manipulación sin orden judicial, podrán enfrentarse a una acusación penal directa.
Movimientos sospechosos tras el accidente
La Guardia Civil alertó a la jueza: el personal de Adif retiró material vital en la madrugada del 22 al 23 de enero, apenas cuatro días después del incidente, y trasladó esos elementos a una base de mantenimiento sin el permiso judicial correspondiente. Además, se realizaron pruebas sobre ese material, acciones que, según la instrucción, no fueron comunicadas ni autorizadas por la magistrada encarga del caso.
Durante la investigación, responsables de Adif confirmaron haber recibido “orden verbal” para retirar “cupones de raíl, entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento AVE”, además de realizar ensayos de dureza sobre dichos rieles, aunque aseguraron que estas pruebas no fueron destructivas. Estas actuaciones incrementan la presión sobre Adif y colocan su gestión del material en tela de juicio.
Hipótesis bajo la lupa policial
El primer informe de la Benemérita señala dos líneas claras de indagación: la rotura del carril y el posible fallo en la soldadura como factores principales detrás del fatal descarrilamiento. A estas se suman otras teorías, como un mantenimiento deficiente, materiales no adecuados, incluso la posibilidad de sabotaje, aunque por ahora ninguna pista se descarta ni se confirma.
La investigación menciona incluso la posibilidad de conducción imprudente o problemas derivados del estado general de la vía: traviesas, balasto, clips y rieles, así como eventuales incidentes ocasionados por trenes anteriores. El informe recoge todos los datos recabados hasta la fecha y enumera los pasos dados para esclarecer lo sucedido en la fatídica jornada.
Soldaduras precintadas como prueba clave
Todos los cupones con soldaduras extraídas resultan ahora elementos esenciales. A petición judicial se procedió a su precintado en la base de Hornachuelos, asegurando así su custodia a la espera de futuras pruebas forenses que determinarán si la rotura se originó en un defectuoso riel inscrito como ‘Ensidesa’, fabricado en 2023, o en una soldadura realizada entre piezas de diferente antigüedad.
La Guardia Civil, además, solicitó datos precisos sobre el lote de rieles colocados y la identificación de operarios encargados de esas soldaduras. Se requirió la certificación de la habilitación profesional de quienes participaron en el mantenimiento de la vía entre los kilómetros 316 y 318 y se insistió varias veces a Adif para obtener toda la documentación relevante, en un proceso frenético y sin margen de error.