La Junta pide seguir el ejemplo de Australia y establecer una edad mínima para niños y adolescentes en redes sociales

La Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa medidas de calado para combatir el acoso y el ciberacoso en la era digital, entre ellas la posible fijación de una edad mínima de acceso a las redes sociales y la apertura de un debate jurídico para tipificar el acoso escolar como delito. Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, al exponer las conclusiones del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, ‘Andalucía frente al Acoso’, celebrado en Córdoba con la participación de cerca de un millar de asistentes.

Castillo ha realizado este balance antes del cierre institucional del encuentro, que ha contado con la participación del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y se ha desarrollado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la ciudad. Durante dos jornadas de ponencias, talleres y debates, se han abordado los nuevos retos de la convivencia escolar en un contexto marcado por la digitalización.

Entre las propuestas consideradas clave, la consejera ha subrayado la necesidad de establecer una edad mínima para el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, siguiendo el ejemplo de países como Australia, así como impulsar un debate jurídico sobre la tipificación del acoso escolar como delito. El objetivo, ha señalado, es avanzar hacia un nuevo marco que permita erradicar estas conductas.

En el ámbito educativo, Castillo ha anunciado un refuerzo de las alertas en los protocolos de actuación, de manera que las denuncias formuladas por familias o miembros de la comunidad educativa se comuniquen desde el primer momento a la inspección educativa. Esta medida busca mejorar el asesoramiento y el seguimiento de cada caso, con independencia de que el conflicto pueda resolverse en el propio centro con la colaboración familiar.

Asimismo, la Consejería estudiará una modificación reglamentaria para que, como norma general, el acosador sea trasladado de centro, reforzando así la seguridad y la protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar. La responsable autonómica ha recordado que, aunque “Andalucía cuenta con un sistema robusto de promoción de la convivencia, la protección y la salud mental de nuestros jóvenes; también es verdad que este sistema afronta nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante”.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha decidido “dar un paso al frente con la celebración de este Congreso Nacional, para dar voz a la sociedad civil y liderar esos cambios que aseguren el bienestar de nuestros niños, adolescentes y jóvenes”. Castillo ha insistido en que “se ha puesto de manifiesto que la tecnología, en sí misma, no es un problema”, y que los centros educativos son entornos seguros, aunque ha advertido de que la respuesta debe implicar al conjunto de la sociedad.

Por ello, se ha propuesto integrar de forma más clara la convivencia y el bienestar emocional en la ordenación y evaluación educativa, avanzar en la desburocratización y agilizar los protocolos. “Nos comprometemos a agilizar los protocolos para que la inspección educativa entre a supervisar los casos de acoso y de autolesiones en el momento en el que se denuncian, acortando el procedimiento”, ha afirmado.

Castillo también ha remarcado la importancia de garantizar un entorno seguro para las víctimas, incluso cuando las medidas adoptadas inicialmente no logran frenar la reincidencia. “Tenemos el deber de garantizar más y mejor la protección de la víctima”, ha subrayado, al tiempo que se plantea endurecer las consecuencias para los acosadores.

Durante la segunda jornada, la consejera estuvo acompañada por sus homólogos de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, destacando la necesidad de un enfoque transversal. López ha defendido que “este congreso es todo un acierto” y ha advertido de que la violencia digital “puede llegar a costar vidas”.

Por su parte, Nieto señaló que las nuevas formas de acoso a través de internet y las redes sociales no están bien tipificadas en la legislación actual, instando a delimitar mejor estos delitos. En este sentido, puso en valor la creación del primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa, una herramienta clave para analizar la evolución de los perfiles delictivos y mejorar las medidas preventivas y de reinserción, que en Andalucía alcanzan una tasa cercana al 80%.

Castillo concluyó que este congreso marca un punto de inflexión y ha reafirmado el compromiso de Andalucía con la convivencia pacífica y la lucha contra el acoso, una responsabilidad compartida que, recalcó, implica a toda la sociedad.