Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años tras reclamarlo la Junta el viernes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una de las reformas más ambiciosas en materia digital de los últimos años: la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, una medida con la que el Ejecutivo pretende frenar los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. La medida llega después de que la Junta de Andalucía instara el pasado viernes al Gobierno a seguir el ejemplo de Australia y ejecutar estas acciones.
Durante su intervención en el World Governments Summit, celebrado en Dubái, Sánchez ha sido especialmente crítico con el funcionamiento actual de las redes sociales, que, a su juicio, han dejado de ser un entorno seguro para los ciudadanos. “Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde se distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes”, ha advertido.
El jefe del Ejecutivo ha explicado que esta prohibición formará parte de un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias destinadas a combatir los excesos de las grandes plataformas digitales y a garantizar un entorno online más seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales.
Entre las iniciativas anunciadas, Sánchez ha subrayado la voluntad del Gobierno de endurecer la responsabilidad de las empresas tecnológicas, especialmente de sus directivos. “Cambiaremos la ley para responsabilizar a los directivos por contenido ilegal y de odio”, ha asegurado, en referencia a la difusión de mensajes violentos, discriminatorios o contrarios a la ley.
El presidente también ha advertido de que el Ejecutivo actuará contra la desinformación, la manipulación de los algoritmos y la distribución de contenido ilegal, fenómenos que, según ha señalado, están afectando de forma directa a la calidad democrática y a la protección de los usuarios más vulnerables.
En ese contexto, Sánchez ha puesto el foco en los menores y en los riesgos a los que se enfrentan en el entorno digital actual. “Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos... Ya no lo aceptaremos”, ha concluido, dejando claro que el Gobierno pretende convertir las redes sociales en un espacio protegido, especialmente para niños y adolescentes.
PETICIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El anuncio de Pedro Sánchez llega tras el debate abierto la semana pasada por la Junta de Andalucía, que reclamó establecer una edad mínima para el uso de redes como una de las herramientas clave para combatir el acoso y el ciberacoso entre menores.
Ese mismo planteamiento ya había sido defendido días antes por la Junta de Andalucía. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, anunció la apertura de un debate jurídico para fijar una edad mínima de acceso a las redes sociales, siguiendo ejemplos internacionales como el de Australia, y para tipificar el acoso escolar como delito.
Las propuestas fueron presentadas tras el primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, ‘Andalucía frente al Acoso’, celebrado en Córdoba, un encuentro que reunió a cerca de un millar de asistentes y en el que se abordaron los nuevos retos de la convivencia escolar en un contexto marcado por la digitalización.
En el ámbito educativo, la Junta planteó reforzar los protocolos de actuación, de modo que las denuncias de acoso formuladas por familias o miembros de la comunidad educativa se comuniquen desde el primer momento a la inspección educativa. El objetivo es mejorar el seguimiento de los casos y garantizar una respuesta más rápida, incluso cuando el conflicto pueda resolverse en el propio centro.
Entre las medidas más contundentes, el Gobierno andaluz estudia una modificación reglamentaria para que, como norma general, el acosador sea trasladado de centro, reforzando así la protección de la víctima. Castillo recordó que, aunque Andalucía cuenta con un sistema sólido de convivencia y protección de la salud mental, “este sistema afronta nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los ritmos de cambio de esta era digital”.
La consejera insistió en que “la tecnología, en sí misma, no es un problema”, pero advirtió de que la respuesta frente al acoso debe implicar al conjunto de la sociedad. “Nos comprometemos a agilizar los protocolos para que la inspección educativa entre a supervisar los casos de acoso y de autolesiones en el momento en el que se denuncian, acortando el procedimiento”, afirmó.
El enfoque transversal fue respaldado por otros responsables del Ejecutivo autonómico. La consejera de Inclusión Social, Loles López, alertó de que la violencia digital “puede llegar a costar vidas”, mientras que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, subrayó que las nuevas formas de acoso en internet no están bien tipificadas en la legislación actual.
En este contexto, la Junta destacó la creación del primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa, destinado a analizar la evolución de los perfiles delictivos y mejorar las medidas preventivas y de reinserción.