AIG denuncia que las condiciones de las VPO en Cádiz "expulsan a las familias trabajadoras" de la ciudad

Adelante Izquierda Gaditana califica de “inasumibles” las condiciones económicas de las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en la promoción de Los Chinchorros, denunciando que este modelo está dejando fuera precisamente a quienes deberían ser sus principales beneficiarios: las familias trabajadoras gaditanas.

La formación se hace eco del testimonio de una familia inscrita en el registro de demandantes de Procasa que, pese a contar con dos nóminas estables, ha tenido que rechazar una de estas viviendas por la imposibilidad de asumir los pagos exigidos. En concreto, el desembolso inicial de 74.000 euros en apenas 17 meses, junto con la incertidumbre de la futura hipoteca, convierten el acceso a estas viviendas protegidas en una opción inviable.

La portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, denuncia que “lo que estamos viendo en Cádiz es una perversión absoluta del concepto de vivienda protegida. No puede ser que una VPO funcione en la práctica como una vivienda de mercado libre, con exigencias económicas que expulsan a las familias con ingresos medios y bajos”.

Fernández critica duramente la política de vivienda de la Junta de Andalucía, a la que acusa de “abandonar su responsabilidad de garantizar el acceso real a la vivienda, permitiendo promociones bajo el paraguas de VPO que en realidad responden a lógicas especulativas”.

En este sentido, Fernández vuelve a reiterar su rechazo a la medida aprobada por la Junta de Andalucía a través del decreto-ley de vivienda 1/2025, que amplía el límite de ingresos para acceder a vivienda protegida hasta siete veces el IPREM en el caso de viviendas a precio limitado, como las de Los Chinchorros. A su juicio, esta modificación, unida a la posibilidad de que estas viviendas pasen a régimen de renta libre en tan solo siete años, evidencia un cambio de enfoque preocupante.

Y recuerda que las 200 viviendas que se van a construir en el barrio de Loreto son también de precio limitado y con esas condiciones de 7 veces el IPREM y régimen de renta libre a los 7 años. “Da la sensación de que la Junta está más preocupada por facilitar negocio a promotores privados que por asegurar que la ciudadanía pueda vivir dignamente en su ciudad”, asevera.

Asimismo, desde la formación de izquierdas señalan directamente al equipo de Gobierno municipal de Bruno García, al que acusan de “mirar hacia otro lado y permitir este tipo de prácticas sin exigir condiciones justas ni intervenir en defensa del interés general”.

“Es inadmisible que el Ayuntamiento consienta que promociones gestionadas en el ámbito de la vivienda protegida acaben convirtiéndose en una carrera de obstáculos económicos imposible de superar. Esto no sólo vulnera el derecho a la vivienda, sino que contribuye directamente a la expulsión de población de Cádiz”, recalca Fernández.

Desde la coalición alertan de que esta situación es especialmente grave en el contexto actual, en el que la ciudad se enfrenta al riesgo de bajar de los 100.000 habitantes, lo que supondría la pérdida de importantes subvenciones estatales. “Cada familia que se ve obligada a marcharse porque no puede acceder a una vivienda asequible es un golpe más para el futuro de Cádiz. Y estas políticas están empujando precisamente en esa dirección”, añade la portavoz adjunta.

Por todo ello, Adelante Izquierda Gaditana exige un cambio urgente en las políticas de vivienda para garantizar que las VPO cumplan su función social y sean verdaderamente accesibles. “La vivienda no puede ser un lujo ni una apuesta arriesgada. Tiene que ser un derecho garantizado. Y hoy, en Cádiz, ese derecho está siendo sistemáticamente vulnerado”, concluye la concejala.