El recorte en comedores escolares de educación especial llega al Pleno de la mano de AIG
El Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha anunciado que presentará en el próximo Pleno ordinario una moción de urgencia ante la decisión de la Junta de Andalucía de denegar la subvención destinada al comedor escolar para el curso 2025/2026 al Centro de Educación Especial Infanta Doña Cristina, gestionado por UPACE San Fernando. Esta medida, dictada por la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa, ha hecho saltar las alarmas por el impacto económico y educativo que supone para el alumnado con necesidades especiales.
Los datos ofrecidos por la formación de izquierdas revelan una situación crítica en el sistema de ayudas autonómico: de los 19 centros de educación especial que concurrieron a la convocatoria en toda Andalucía, tan solo 6 han resultado beneficiarios. El resto se divide entre 11 centros en lista de espera —varios de ellos pertenecientes a la provincia de Cádiz— y dos que han sido directamente excluidos del proceso.
La concejala Helena Fernández ha sido tajante al señalar que estos recursos no pueden considerarse un simple servicio complementario. "En estos centros, el comedor forma parte del propio proceso educativo, ya que se integra dentro de la jornada escolar y en los programas educativos individualizados", ha explicado la edil. Fernández ha recordado que, para menores con parálisis cerebral u otras discapacidades motoras, funciones básicas como masticar o tragar requieren de personal especializado y adaptaciones que forman parte de su desarrollo personal y autonomía.
"Negar esta ayuda es ignorar la realidad educativa y terapéutica que se desarrolla en estos centros. El comedor escolar en educación especial no es un extra, es parte del aprendizaje", ha enfatizado la concejala de AIG. Según los cálculos de la formación, la retirada de esta subvención obligará a las familias, incluidas muchas residentes en la capital gaditana, a asumir un coste cercano a los mil euros anuales, una cifra que se suma al ya elevado gasto en terapias y apoyos especializados.
La moción que se someterá a votación el próximo 26 de marzo propone instar a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a reforzar la financiación para garantizar una cobertura suficiente. Asimismo, AIG reclama una revisión profunda de los criterios de concesión para que se ajusten a las necesidades específicas de este alumnado y se busquen fórmulas de urgencia para los centros que han quedado fuera.
Para Helena Fernández, la solución definitiva es clara: "La inclusión educativa no puede depender del bolsillo de las familias. Los comedores de estos centros deben formar parte del concierto educativo al estar integrados en su proyecto curricular".