Los sindicatos exigen más inversión en la sanidad pública: "Los profesionales sufren precariedad en Cádiz"
Entre la veintena de organizaciones y colectivos que han secundado la multitudinaria manifestación de este domingo de Marea Blanca por la sanidad 100% pública en Cádiz, ha destacado la presencia de PSOE e IU, que han coincidido en reclamar al Gobierno de Juanma Moreno que reinvierta todo el dinero destinado a empresas privadas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
"Tenemos que salvar la sanidad pública, maltratada a conciencia (por el PP) porque nos va la vida en ello", ha advertido Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE en la provincia. "La crisis de los cribados de cáncer de mama es la punta del iceberg de esas políticas (de la Administración autonómica) en favor de las empresas privadas", ha agregado Jorge Rodríguez, coordinador general de IU en Cádiz.
La diputada nacional de Sumar por la provincia, Esther Gil de Reboleño, ha apuntado en este sentido que los populares "nos quieren hacer creer que aumentan los recursos para la sanidad pública", pero lo cierto es que siguen beneficiando a la privada, de ahí "el colapso de la Atención Primaria y las urgencias".
Para la responsable provincial de UGT, Paula Fernández, el Hospital Puerta del Mar es ejemplo paradigmático de una gestión erratica. "Se le ha echado millones, con los que se podría haber hecho el nuevo centro" y, pese a lo invertido, no funciona a pleno rendimiento.
La clave, ha subrayado, está en "la precariedad que sufre el personal sanitario" en su conjunto. "Los profesionales sufren condiciones infrahumanas, no se sustituyen bajas o vacaciones, y sufren agresiones porque los usuarios no comprenden que no son los responsables" de las carencias en la cobertura, sino víctimas de recortes políticos.
Todo esto "se carga el Estado de Bienestar", ha denunciado, finalmente, Inmaculada Ortega, máxima responsable de CCOO en la provincia. Ante esto, se ha felicitado por la masiva respuesta a la manifestación: "La gente de bien grita cambio porque no permitirá que la sanidad pública sea demantelada".
También ha considerado necesario modificar la normativa estatal, de mediados de los 90, que abre la puerta a los gobiernos regionales para privatizar el servicio.