Sin fecha para el juicio dos años después del trágico atropello en Cádiz con cuatro fallecidos

Hace justo dos años, la tragedia sacudió a Cádiz cuando un autobús que accedía a la capital por el puente de la Constitución de 1812 perdió el control, invadió el carril contrario, la parada de taxis y la acera contigua a El Corte Inglés segando las vidas de dos estudiantes de 17 y 18 años, una mujer de 60 años y un ciudadano portugués de 86 años que visitaba la ciudad.

Cerrada la exhaustiva investigación de los hechos, la Fiscalía confirmó las peores sospechas de los familiares. En su escrito de acusación, el Ministerio Público concluyó que la empresa Autocares Medina Travel Bus manipuló el sistema de frenos después de que el Iribus Andecar V, matriculado en 2007, pasara la última ITV el 18 de agosto, meses antes del suceso, agravando las deficiencias que arrastraba el vehículo desde 2021.

Además, advirtió de que el chófer circulaba con “una conducción desatenta y distraída”, a una velocidad excesiva que no adaptó a las circunstancias del autobús, pese a conocer los problemas de frenado que presentaba, y tampoco había cumplido el descanso obligatorio antes de iniciar el viaje desde Jerez a Cádiz aquella tarde, Por todo ello, la Fiscalía imputa al dueño de la empresa y al conductor cuatro delitos de homicidio por imprudencia, con una pena de cinco años de prisión para cada uno, e indemnizaciones que se elevan a más de 500.000 euros.

“Confío en que la justicia condene la temeridad y la mala fe de los dos acusados, su falta de escrúpulos, porque han jugado con la vida de miles de personas”, declaró a VIVA CÁDIZ el pasado 29 de mayo Teresa Yribarren, madre del joven Leo, uno de los atropellados, convencida de que "el accidente se podía haber evitado". “Ni el conductor debería volver a ejercer, ni el dueño de la empresa Media seguir operando, ¿quién se fia ya de quien truca los motores (extremo señalado igualmente por el Ministerio Público en su escrito), se salta la normativa a su antojo y pone en peligro permanente a los viajeros?”, añadió.

Los tribunales tendrán que dirimir la responsabilidad en un juicio que, pese al tiempo transcurrido, no tiene fecha todavía. Hasta ahora, la Justicia sí se pronunció respecto a una mujer que difundió imágenes de una de las víctimas en redes sociales, condenada a seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral y a indemnizar a la madre del menor que aparecía en las fotografías con 1.200 euros.

A la otra demanda de las familias afectadas, en este caso a las instituciones públicas, se le ha dado carpetazo: no habrá cambios en la señalización ni tampoco medidas reductoras de la velocidad en el puente de la Constitución de 1812.

Si bien la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ya había advertido de ello, el jefe provincial de Carreteras, José María Padilla, lo confirmó a preguntas de este medio con motivo del décimo aniversario del segundo puente. Padilla explicó que la siniestralidad es mínima y, en la totalidad de las ocasiones, imputable a fallos mecánicos o errores en la conducción y no a deficiencias en materia de seguridad de la enorme infraestructura de hormigón y acero.

La decisión no ha convencido a las familias de las víctimas. Yribarren sostuvo en la conversación con VIVA CÁDIZ hace unos meses que, si no se actúa, volverá a repetirse un accidente de esta magnitud, por estadística”. 

En cualquier caso, los afectados han agradecido la labor de Policía Local y Guardia Civil, “que revisaron hasta el último tornillo del autobús con profesionalidad y paciencia” para llevar a cabo una detallada investigación, y la sensibilidad del Ayuntamiento de Cádiz, que ofreció la posibilidad de celebrar un acto de homenaje por los fallecidos el año pasado que declinaron. En este ni siquiera se ha planteado. Y, según fuentes municipales, tampoco parece que vaya a prosperar la colocación de un monolito en recuerdo de las víctimas. El cariño y el apoyo de los gaditanos, en aquellos días, y que reciben todavía hoy, les consuela.