Cossi insiste en que el Ayuntamiento no puede obligar a los gaditanos a cambiar ahora de coche por las Zonas de Bajas Emisiones

Calle Veedor. - VIVA
El portavoz del Gobierno municipal reitera que los informes medioambientales permiten no ser restrictivos con los residentes y apunta que, con todo, la medida reducirá a partir de 2027 en 30.000 los coches de no residentes que no cumplen con las exigencias de la ordenanza

El primer teniente de alcalde y coordinador del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Cossi, ha acusado al anterior concejal de Urbanismo, Martín Vila, de Izquierda Unida (IU), de querer obligar a los gaditanos afectados por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a comprar coches eléctricos antes de 2030. En este sentido, ha reiterado que el actual equipo de Gobierno no tiene que decirle a nadie cuándo cambiar de vehículo o cuál debe adquirir, para justificar que la implantación de la medida, a partir de 2026, no establezca restricciones para los residentes.

Cossi ha insistido en que el informe técnico que acompaña a la ordenanza que regula la iniciativa señala que la ciudad de Cádiz registra niveles de contaminación del aire por debajo de los límites establecidos por la normativa europea como obligatorios a final de este año.

Y ha informado, en cualquier caso, de que la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones diseñada por el Partido Popular (PP) al frente del Ayuntamiento reducirá en 2026 en unos 12.000 o 13.000 vehículos los que circulen por el casco histórico y el tramo del Paseo Marítimo afectado, entre el hotel Playa y Cortadura, y hasta en 30.000 vehículos en 2027.

José Ramón Ortega, por parte del PSOE, ha considerado poca ambiciosa la medida y teme que el equipo de Gobierno considere que tener unos valores de contaminación bajos puede dar pie a contaminar más, mientras que David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, ha cuestionado los datos aportados en el informe técnico y criticado que la postura del alcalde, Bruno García, coincida con la de Santiago Abascal, negacionista del cambio climático.

El primer edil, Bruno García, ha tomado la palabra en el Pleno extraordinario para puntualizar que sus palabras van en la línea del regidor de Vigo, el socialista Abel Caballero, y se ha reafirmado en que el Ayuntamiento de Cádiz no puede discriminar por razón de renta, dado que no todos los gaditanos pueden permitirse renovar su vehículo por las exigencias medioambientales.

Cabe recordar que en el año 2026 podrán acceder a las Zonas de Bajas Emisiones de Cádiz los vehículos de las personas residentes en todas las categorías de etiquetas o los que carecen de ella.

En el caso de las personas de otras localidades, podrán acceder las que tengan distintivo ambiental Eco, Cero o C. No podrán acceder los que cuenten con etiqueta B o los que no tengan distintivos.

En el año 2027 el criterio será el mismo, salvo que se aumenta la restricción también en el caso de los vehículos con etiqueta C. Es decir, que solo podrán acceder los residentes en Cádiz y los procedentes de otras localidades con etiqueta Cero y Eco. Sin embargo, no podrán acceder desde fuera los que tengan etiqueta B, C o carezcan de distintivo.

Por tanto, las personas residentes en Cádiz no se verán afectadas por las limitaciones de las Zonas de Bajas Emisiones, salvo aquellas que sean determinadas por el tráfico.

El alcalde Bruno García ha anunciado, también, que está previsto que las Zonas de Bajas Emisiones puedan estar en marcha y aplicando sanciones en los últimos días del mes de diciembre, que es a lo que obliga la normativa.

La sanción por incumplimiento es de 200 euros, y puede aumentar en un 30% en caso de reincidencia durante un año.

Ahora se abrirá un periodo de información a la ciudadanía y se establecerán canales de comunicación para que los gaditanos conozcan cómo va a funcionar el sistema y todas las casuísticas posibles. Estará operativa también la oficina de información al ciudadano en el Palacio de Congresos de Cádiz.

La inversión para la puesta en marcha del sistema ha sido de 2,3 millones de euros, a través de fondos Next Generation y fondos municipales.

Se han instalado 33 cámaras en los accesos al casco histórico y al Paseo Marítimo, además de dos estaciones de medición de la calidad del aire. También se cuenta con un software de identificación de vehículos con el objetivo de detectar si tienen permiso para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones.

Próximamente se instalarán pantallas de comunicación para la ciudadanía, que informarán sobre la calidad del aire y las plazas de aparcamiento disponibles en los parkings.