¿Para qué sirven las comisiones de investigación del Ayuntamiento de Cádiz?

Bruno García conversa con Óscar Torres y David de la Cruz. Eulogio García
Los fines son redactar conclusiones políticas y trasladarlas a la Justicia si se detecta delito; en el caso del asesor fantasma, el asunto está judicializado ya y, respecto a las personas sin hogar, trabajadores y oposición pueden ir a Fiscalía 

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó este jueves pasado, en sesión ordinaria, la creación de dos comisiones de investigación. La primera de ellas, a instancias de PSOE e Izquierda Gaditana, pondrá bajo el foco las políticas sociales llevadas a cabo por el equipo de Gobierno del PP con las personas sin hogar, tras los cinco fallecimientos registrados en las calles durante los dos primeros meses del año y la denuncia por parte de los trabajadores de la UTE Infraestructuras Verde Cádiz de la aplicación de un protocolo por parte del Ayuntamiento desde hace un año y medio que les obliga a desalojar a quienes pernoctan en parques y jardines y la retirada de sus enseres personales para la limpieza.

La otra, propuesta por los populares, se centrará en el papel desempeñado en el Área de Contratación por el asesor del grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede durante el Gobierno de José María González, Kichi, tras conocerse que el Juzgado de Instrucción ha decidido procesar al exalcalde por presunta prevaricación administrativa y revelación de secretos.

El debate de ambas iniciativa dejó un durísimo enfrentamiento entre el primer edil, Bruno García, y el portavoz de la coalición de izquierdas, David de la Cruz, aperitivo de lo que espera en las próximas semanas, una vez que se constituyan las comisiones de investigación. El PP ha iniciado una ofensiva para cuestionar las decisiones llevadas a cabo por Kichi tanto por la creación del protocolo de parques y jardines en 2020 que, sostienen los de Bruno García, se ejecuta del mismo modo, y el desalojo de asentamientos, mientras que la oposición y entidades sociales señalan al equipo de Gobierno como responsable de las muertes en las calles por falta de atención; mientras que en el caso de la investigación por el asesor ‘fantasma’, los populares agitan las sospechas de irregularidades, de manera paralela al procedimiento judicial, que Adelante niega tajantemente.  

La pregunta obligada es, una vez dado el paso, y teniendo en cuenta los precedentes con Loreto y Matadero, de qué van a servir. Cuestionado al respecto este viernes por VIVA CÁDIZ en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, el alcalde se remitió al reglamento municipal, sin entrar en más valoraciones. El documento apunta que, finalizados los trabajos de la comisión, se elaborarán “conclusiones políticas” que se elevan a Pleno y “dará traslado a la Administración de Justicia de los actos susceptibles de ser constitutivos de ilícito penal”.

Así las cosas, parece que, en lo relativo a García Acuña no se aporte nada relevante, toda vez que el Ayuntamiento debe haber colaborado activamente con la Justicia durante la instrucción. Y, en lo relativo a las personas sin hogar, no parece igualmente que la información que se aporte dé pie a la denuncia. De hecho, el propio David de la Cruz no ha descartado a acudir a Fiscalía, quizá la vía más rápida y efectiva, tanto para Adelante Izquierda Gaditana como para los propios trabajadores, para dirimir responsabilidad en un asunto muy serio.