Los vecinos de calles Explanada 1 y 3 piden ayuda al Ayuntamiento de Cádiz: sus casas se caen a trozos

El miedo y la desesperación ante una posible desgracia en el interior de sus hogares y en las zonas comunes impiden a los vecinos de los números 1 y 3 de la calle Explanada acostumbrarse a convivir con puntales que sostienen sus viviendas y los corredores de acceso y salida, en algunos casos desde hace dos años. Los edificios, con al menos 70 años de antigüedad, se caen a pedazos.

La voz de alarma surgió cuando en febrero de 2024 se desprendió el techo de una cocina de un primer piso donde, solo momentos antes, estaba el matrimonio propietario preparando el desayuno con sus hijas. La familia se vio obligada a permanecer nueve meses fuera de su hogar para la reparación.

En octubre pasado, el fontanero que acudió a la casa de otra vecina, preocupada por los problemas generalizados de humedades, se libró por centímetros de resultar herido por la caída de un trozo del techo. “El inmueble está muy perjudicado por encontrarse junto al mar”, explica la administradora de la finca, Isabel Escudier. “La sal se lo come todo y afecta a los hierros de la estructura”, añade.

Paco Cuñarro, que nació, se crió y sigue viviendo en uno de los pisos, ofrece una explicación similar, pero se remonta al origen del problema. “Procasa era propietaria de las viviendas hasta hace unos 15 años, cuando nos obligaron a comprarlas bajo la amenaza de perder el derecho de subrogación”, relata. Procasa se quedó con 6 de los 62 pisos y 2 locales.

La operación de compraventa, tras décadas pagando alquiler, se llevó a cabo —según denuncian— sin la preceptiva Inspección Técnica de Edificios (ITE). No hubo opción. Y, entonces, no solo adquirieron los inmuebles, sino también todas sus deficiencias estructurales, que se han agravado. Incluso hay quien afirma que técnicos municipales reconocieron que el Ayuntamiento se había quitado un problema de encima.

“Hemos ido parcheando”, aseguran, pero la situación es insostenible, hasta el punto de que el expediente abierto por Urbanismo obliga a acometer obras por un valor de un millón de euros. De momento, los vecinos deberán desembolsar 20.000 euros y ejecutar los trabajos en un plazo de seis meses.

Ni los plazos ni, sobre todo, las cantidades exigidas son asumibles para personas mayores con ingresos modestos y familias humildes con menores a su cargo que habitan espacios en condiciones peligrosas. Una delegación de vecinos afectados se reunirá este jueves con el alcalde, Bruno García, para reclamar ayudas económicas. “Hay fondos europeos”, apunta uno; “se ha invertido en el Cerro del Moro”, añade otro. Y un tercero pide que “dé la cara Teófila Martínez”, quien era alcaldesa cuando se vieron obligados a firmar las escrituras.

Peligro inminente
La Inspección Técnica de Edificios (ITE) realizada por Urbanismo advierte del peligro inminente de desprendimiento de cornisas y cargaderos de ventanas. Además, destaca el mal estado de la red de saneamiento, reconociendo problemas de salubridad en viviendas por humedades por capilaridad en los muros de planta baja, por lo que considera necesario ejecutar una nueva red.

Asimismo, se señala la presencia persistente de ratas en uno de los pisos de Procasa y la necesidad de apuntalar un local que es patrimonio del Ayuntamiento, ya que el inmueble superior presenta una zona con el suelo hundido.