Las mujeres de Algeciras cobran 10.846 euros menos al año que los hombres
La Unión Comarcal de CCOO del Campo de Gibraltar ha alertado de que Algeciras registra una brecha salarial del 59,7%, la más elevada de la provincia de Cádiz y muy por encima del 25,9% andaluz y del 35,6% provincial. El informe, elaborado con datos oficiales y centrado en las grandes ciudades andaluzas, evidencia una desigualdad estructural profundamente arraigada en el mercado laboral local.
Según el estudio, el salario medio anual de las mujeres en la ciudad se sitúa en 18.168 euros, frente a los 29.014 euros que perciben los hombres. Esto implica que las trabajadoras deberían incrementar sus ingresos en casi un 60% para equipararse a sus compañeros. Para el sindicato, no se trata de una situación coyuntural, sino del resultado de un empleo marcado por la precariedad, la temporalidad y la concentración femenina en sectores peor remunerados.
La secretaria comarcal de la Mujer de CCOO, Clara Leal, ha calificado los datos de “inadmisibles” y ha denunciado que reflejan una “discriminación estructural que no se corrige sola”. La responsable sindical ha subrayado que no se puede normalizar que las mujeres cobren más de 10.000 euros menos al año en la ciudad.
El sindicato advierte de que las mujeres soportan mayores tasas de parcialidad y contratos temporales, además de una mayor carga de cuidados no remunerados, factores que limitan su desarrollo profesional y reducen sus ingresos a lo largo de su vida laboral. Esta situación repercute directamente en las pensiones y eleva el riesgo de pobreza, especialmente entre las mayores de 65 años, donde la diferencia supera el 44% en el conjunto andaluz.
CCOO también señala que la desigualdad es más acusada en los tramos salariales más bajos. En la provincia de Cádiz, más de la mitad de las personas que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o menos son mujeres, mientras que su presencia en los niveles retributivos más altos es claramente minoritaria.
Finalmente, la organización reclama reforzar los planes de igualdad en las empresas, garantizar el cumplimiento de los registros retributivos y aumentar la vigilancia de la Inspección de Trabajo, además de impulsar políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad y los servicios de cuidados. “No es solo una cuestión de justicia, sino un problema de desarrollo económico y social para toda la comarca”, ha concluido Leal.
