Bloqueada la compra de Armas por DFDS ante el riesgo de un duopolio en el Estrecho

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detecta posibles efectos negativos sobre la competencia en la ruta Algeciras–Ceuta al reducirse los operadores a solo dos navieras
Un buque de Trasmediterránea. - A. I.
Un buque de Trasmediterránea. - A. I.

Bloqueo temporal a la operación por la que la naviera danesa DFDS pretende adquirir varios activos de Armas Transmediterránea en el Estrecho de Gibraltar. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido llevar el expediente a segunda fase al detectar riesgos para la competencia, sobre todo en la estratégica conexión Algeciras–Ceuta.

El regulador alerta de que la desaparición de Armas como operador en esa ruta supondría una modificación sustancial del mercado, al dejar como únicos competidores a DFDS y Baleària, actual adjudicataria del servicio bajo el régimen de Obligaciones de Servicio Público (OSP). Esta situación podría generar efectos unilaterales o coordinados que perjudiquen a los usuarios.

Esta operación forma parte del proceso de venta de activos emprendido por Armas, y es la cuarta en entrar en análisis detallado tras otras tres notificaciones previas de Baleària, también en segunda fase. En conjunto, estas transacciones apuntan a una alta concentración en el transporte marítimo entre el sur de la Península y el norte de África.

En la línea Algeciras–Tánger Med, la salida de Armas reduciría el número de navieras de cuatro a tres, pero en la ruta Algeciras–Ceuta el impacto sería más grave, al pasar de tres operadores a solo dos, lo que podría afectar directamente a la oferta, precios y calidad del servicio.

La CNMC recuerda que estas rutas son clave para la movilidad de pasajeros y el transporte de mercancías, y que cualquier alteración en el equilibrio del mercado puede tener consecuencias directas para consumidores y empresas.

La segunda fase permitirá al organismo solicitar nueva información a las partes implicadas y abrir un periodo de alegaciones para terceros, con un abanico de resoluciones posibles: desde la autorización sin condiciones hasta la prohibición de la operación, pasando por la aceptación de compromisos o la imposición de restricciones.