Inversiones de 7.000M€ y 11.000 nuevos empleos, principales argumentos para pedir el nuevo estatus para el Campo de Gibraltar
La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha escenificado este viernes una unidad institucional sin precedentes en los últimos tiempos para reclamar al Gobierno la declaración de Zona Económica Especial (ZEE). El proyecto, respaldado por todos los ayuntamientos de la zona, busca dotar a la comarca de herramientas fiscales que permitan competir en igualdad de condiciones con los regímenes especiales de su entorno geográfico.
El informe técnico prevé un impacto económico masivo en un escenario moderado, con la capacidad de atraer inversiones cercanas a los 7.000 millones de euros. En términos de ocupación, la implementación de esta figura estratégica generaría más de 4.100 puestos de trabajo directos y cerca de 7.000 indirectos, transformando el tejido productivo de los municipios vecinos.
Durante la presentación en Algeciras, el presidente de la institución cameral, Carlos Fenoy, ha denunciado la "asimetría competitiva" que sufre el área frente a los modelos de Gibraltar, Ceuta o Marruecos. Representantes de la mayoría de municipios han suscrito esta demanda como una solución vital para el futuro de la zona.
El estudio destaca que el 63% de la inversión necesaria para activar la ZEE depende de infraestructuras que ya son una demanda histórica del Estado. Además, se estima que las pequeñas y medianas empresas locales recibirían una inyección de 300 millones de euros anuales gracias a la nueva actividad industrial y logística derivada de este régimen especial.
Representantes de la Junta de Andalucía, sindicatos y la Universidad de Cádiz han validado el carácter estratégico de la propuesta. El objetivo es evitar que normativas como la de emisiones europeas lastren la competitividad del puerto frente a rivales directos fuera de la Unión Europea.
Tras finalizar la fase de diagnóstico técnico financiada con fondos de la Unión Europea, la Cámara de Comercio apela ahora a la "voluntad política". El siguiente paso será iniciar una ronda de negociaciones con el Gobierno de España y la Comisión Europea para que esta zona de especial singularidad sea una realidad administrativa inmediata.