Marlaska defiende ante Europa su plan para blindar a los agentes frente al narco
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado un informe a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el que detalla las medidas adoptadas para fortalecer las plantillas policiales y proteger a los agentes frente al narcotráfico y el crimen organizado. Su respuesta, enviada por escrito, subraya el compromiso de España ante amenazas comunes con otros países europeos, como el auge de la violencia contra los funcionarios de seguridad.
La carta surge tras la solicitud del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), a raíz de una misión de eurodiputados que visitó Barbate y Algeciras en mayo, preocupados por las condiciones laborales de los cuerpos policiales en estas zonas de alta presión delictiva. En este contexto, se debate en Bruselas si las agresiones a policías deben ser reconocidas como "eurodelito" y su labor como profesión de riesgo.
Marlaska defiende el impacto del Plan Especial del Campo de Gibraltar, en marcha desde 2018, destacando un incremento del 14,3% en el personal destinado a provincias como Cádiz, Málaga o Almería, además del despliegue de 1.692 agentes adicionales. El refuerzo no solo es humano: también incluye mejoras en materiales y equipamiento.
Entre las inversiones citadas, se incluyen más de 70 millones de euros en capacidades de inteligencia e investigación, así como casi 50 millones en indemnizaciones por servicio, con 4,6 millones presupuestados solo para 2025. Marlaska remarca además la revisión de los planes formativos, con énfasis en el uso de material armamentístico especial y la participación de unidades de alto riesgo.
La seguridad personal de los agentes también se ha reforzado con una inversión urgente de 21 millones de euros, destinados a la adquisición de chalecos y placas balísticas. Según el ministro, estas medidas buscan mitigar los riesgos en zonas con fuerte presencia del narcotráfico y crimen organizado, donde la violencia contra los cuerpos de seguridad ha aumentado.
La actuación del Parlamento Europeo responde a la petición del CEP, que reclama una respuesta conjunta de la UE frente a este tipo de violencia. La solicitud de que se reconozcan estas agresiones como "eurodelito" abre la puerta a una mayor protección jurídica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a nivel comunitario.
