17 años y medio de prisión por maltratar e intentar asesinar a su pareja embarazada
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una sentencia que impone una pena de 17 años y seis meses de prisión a un hombre acusado de tentativa de asesinato y aborto. Los hechos ocurrieron tras un prolongado año de maltrato e insultos hacia su expareja, embarazada en ese momento, a quien intentó atacar con una navaja.
La resolución del TSJA admite parcialmente el recurso presentado por el condenado y anula exclusivamente la responsabilidad civil de 30.000 euros impuesta inicialmente, dejando sin efecto dicha cuantía y reservando las acciones civiles para la víctima. Por otro lado, el tribunal confirma plenamente el resto de la sentencia. Se habilita la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Se acreditó que el condenado, con antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con la víctima desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023, residiendo en distintas localidades españolas. La mujer decidió finalmente interrumpir el vínculo y trasladarse a vivir con sus abuelos maternos en un municipio de la provincia de Córdoba.
La dinámica de maltrato y control
El tribunal constató que, desde el inicio de la relación y durante la convivencia en diferentes domicilios, el acusado sometió a la mujer a humillaciones e insultos reiterados. Ejercía una indiferencia afectiva marcada y la sometía a mensajes de amenaza constantes por teléfono. Además, usaba mecanismos de coerción que la aislaban social y familiarmente, prohibiéndole salir sola o trabajar por miedo a que tuviera contacto con otros hombres.
Asimismo, el hombre no permitía que la víctima mantuviera contacto con su familia ni que recibieran visitas, vigilaba sus redes sociales, su forma de vestir y su apariencia física. La situación provocó numerosas discusiones motivadas por los celos, llegando incluso a propinarle un bofetón en una única ocasión, aunque no se ha establecido la fecha precisa.
El episodio de la navaja
En la madrugada del 7 de diciembre de 2023, el acusado envió alrededor de cien mensajes amenazantes a su expareja, que entonces estaba embarazada de 28 semanas y residía en casa de sus abuelos. En dichos mensajes, con intención de intimidarla, la amenazó a ella y a sus abuelos.
A mediodía, la mujer accedió a encontrarse con el hombre en un parque cercano para hablar. Él insistió en reanudar la relación, pero ella se negó, expresándole que deseaba "vivir tranquila con sus abuelos". En respuesta, y debido a su mala gestión de la ira, el acusado mostró una navaja delante de ella de forma amenazante, sin pronunciar palabra.
Le pidió también pasar la noche juntos en un hotel, para lo cual necesitaba su DNI. Bajo presión, la mujer fue a buscar el documento a la casa de sus abuelos. Allí, el abuelo la recriminó la presencia del condenado, quien lo empujó con intención de atentar contra su integridad física, aunque no ocasionó lesiones.
Continuaron la conversación en la calle al lado de una clínica local, donde él insistió en que ella volviera a vivir con él en Córdoba, mensaje que ella volvió a rechazar.
De repente, el hombre fingió enviar un mensaje a un familiar y, sin mediar palabra, atacó a la mujer clavándole la navaja en el abdomen, intentando acabar con su vida y la del feto. Sin embargo, su objetivo no se consumó por causas ajenas a su voluntad, y huyó del lugar.
Las consecuencias legales
El tribunal subrayó que este ataque estaba motivado "por el mero hecho de ser mujer y con absoluto desprecio de su condición". La víctima presentó lesiones que requirieron atención médica y una intervención quirúrgica realizada el mismo día, tras administrar medicación para madurar el sistema respiratorio del feto.
La operación, catalogada de riesgo moderado-alto debido a la gestación, fue crucial para evitar un peligro grave para la vida tanto de la mujer como del feto, atendiendo a la localización de la herida que afectaba áreas con órganos vitales.
El informe de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) reflejó que la mujer sufría una violencia prolongada y mantenida en la pareja, manifestándose a nivel cognitivo, emocional y conductual. El acusado mostraba múltiples factores de riesgo y un elevado perfil de peligrosidad.
Desde el 19 de enero de 2024, el hombre permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos. A pesar de que en mayo de 2024 la víctima manifestó su intención de renunciar a la asistencia letrada y retirar la denuncia, en abril de 2025 volvió a presentarse en el juzgado con representación legal para ejercer acciones civiles y penales por las lesiones y daños morales sufridos.
Además de la condena de prisión, se dictaron órdenes de alejamiento de más de 17 años, libertad vigilada durante cinco años, multa de 1.350 euros, privación del derecho a poseer y portar armas por siete años y la pérdida de la patria potestad.