La madre de un preso en Guinea Ecuatorial, de 83 años, anuncia una huelga de hambre

Ha dejado de tomar su medicación hace varios días y ha anunciado que hará huelga de hambre desde el día 22 de abril, cuando se cumplen 15 meses desde que fueron detenidos ambos
avier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), y el granadino David Rodríguez, ambos en prisión provisional. | Europa Press.
avier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), y el granadino David Rodríguez, ambos en prisión provisional. | Europa Press.

Javier Marañón Montero, un técnico cordobés detenido en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 junto al granadino David Rodríguez Ballesta, enfrenta una situación crítica. Su madre, Carmen Montero, que tiene 83 años, ha dejado de tomar su medicación y ha iniciado una huelga de hambre desde el 22 de abril, coincidiendo con los 15 meses de encarcelamiento de ambos presos. La detención se relaciona con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria.

Aarón Marañón, hermano de Javier, ha confirmado que no existen novedades respecto a la situación de ambos detenidos, quienes permanecen incomunicados sin visitas familiares ni de abogados. En una reciente reunión en el Congreso de los Diputados, varios parlamentarios expresaron su intención de proponer medidas al Gobierno y a la Comisión Europea para intervenir en el caso.

Las condiciones de detención para Javier y David no han mejorado, y continúan sin fecha prevista para su juicio. Según el relato de la familia, la única posibilidad de cambio depende de la acción efectiva de alguna autoridad o administración.

Movilización social y petición de intervención urgentemente

Las familias de los encarcelados registraron recientemente en el Ministerio de Exteriores más de 60.000 firmas obtenidas mediante Change.org que reclaman al Gobierno español una intervención directa y urgente para lograr la libertad de Javier y David, actualmente presos en la cárcel de Black Beach. Durante una concentración frente al Congreso de los Diputados, manifestaron la necesidad de solicitar ayuda "al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta".

Las familias han solicitado al Ejecutivo que entable negociaciones y lleve a cabo las gestiones necesarias para la liberación inmediata. Agradecen a todas las personas que han mostrado su apoyo y apelan a la continuidad de la difusión y firmas para mantener la presión: "Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando".

Solicitudes a instituciones internacionales y autoridades eclesiásticas

Paralelamente, los familiares enviaron cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España pidiendo la intermediación del Papa León XIV en su próxima visita a África. En la misiva dirigida al Pontífice, instan a que se interese personalmente por la situación de los presos o que transmita a las autoridades guineanas la importancia de hallar una solución humanitaria. Incluso sugieren "descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones".

En la carta dirigida al Rey Felipe VI, se solicita que traslade al Papa "la dramática situación" de los detenidos para que intervenga personalmente o inste a las autoridades de Guinea Ecuatorial a garantizar la liberación de Javier y David. El Rey mantuvo una audiencia privada de 50 minutos con León XIV una semana antes de la concentración, aunque el contenido no fue divulgado.

Los familiares consideran que la intervención moral de una figura religiosa y humanitaria de alto rango podría ser decisiva para proteger la vida de los presos.

Contexto y condiciones de detención

Javier Marañón y David Rodríguez fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales relacionada con un proyecto de televisión digital terrestre donde trabajaban como técnico y administrativo, respectivamente.

En la petición dirigida al Gobierno, se define a ambos como "trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros". Además, se señala que pueden morir si no existe una respuesta inmediata, debido a las condiciones "inhumanas" en que se encuentran, aislados, sin atención médica ni acceso a medicación o alimentos adecuados.

En julio de 2025, las familias acudieron al Parlamento Europeo para pedir apoyo. Tras un debate, el Parlamento aprobó en octubre una resolución que denunciaba las "inaceptables" condiciones de detención, reclamando el respeto de derechos fundamentales, como un juicio justo, asesoramiento jurídico y atención sanitaria. No obstante, lamentan la falta de resultados concretos desde entonces.