El PSOE cuestiona que la nueva ley universitaria limite la autonomía de la UCO
Varios representantes políticos de Andalucía han mostrado sus posiciones acerca de la reciente ley sobre universidades públicas, aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular en el Parlamento autonómico. El diputado cordobés Antonio Ruiz Sánchez, perteneciente al PSOE, expresó su desacuerdo, indicando que la nueva norma representa un retroceso para la universidad pública andaluza y afecta de manera negativa a la Universidad de Córdoba (UCO), especialmente en lo referente a la financiación y a la autonomía académica.
En un comunicado facilitado por el grupo socialista, Ruiz detalló que la aprobación legislativa se llevó a cabo sin el respaldo de otros partidos y que el PSOE, a lo largo del proceso parlamentario, intentó introducir enmiendas orientadas a modificar aspectos clave del texto, especialmente aquellos que considera desequilibrados y favorecedores de intereses particulares.
- Tramitación y enmiendas presentadas
- Posición de los rectores sobre la nueva normativa
- Aspectos financieros y derechos del estudiantado
- Comparación con otras comunidades
Tramitación y enmiendas presentadas
Antonio Ruiz Sánchez precisó que el texto salió adelante tras no prosperar las enmiendas socialistas, un total de 95, con las que se pretendía fortalecer los derechos del alumnado, fomentar la labor investigadora y defender la independencia universitaria. Asimismo, se intentó frenar lo que consideraron privilegios hacia las instituciones privadas. El parlamentario señaló que “hemos presentado 95 enmiendas para mejorar los derechos del estudiantado, potenciar la investigación, preservar la autonomía universitaria e intentar frenar el trato de favor a las privadas, pero, al final, el Gobierno de Moreno ha impuesto el rodillo de su mayoría absoluta”.
La posición del PP, según Ruiz, consistió en aprobar el texto definitivo sin aceptar estos cambios, lo que generó críticas tanto por parte de la oposición como de sectores universitarios implicados en el proceso legislativo.
Posición de los rectores sobre la nueva normativa
Durante los debates parlamentarios, los rectores de varias universidades públicas de Andalucía manifestaron su rechazo al articulado de la ley, a la que achacaron un recorte de la autonomía universitaria y una burocracia excesiva. En la cámara autonómica, los máximos responsables de estos centros trasladaron sus objeciones en relación con el texto finalmente aprobado.
El diputado Ruiz aludió al propósito declarado por la Consejería de facilitar “mayor transparencia”, pero aseguró que “la experiencia demuestra que el exceso de control sobre la universidad pública solo sirve para apuntalar un relato perverso”, contraponiendo la imagen de una universidad pública “lenta y burocrática frente a una privada más ágil y moderna”. Añadió preguntas retóricas como “¿cuántos rectores han pasado por los juzgados? ¿Cuántos han sido investigados por fraude o por desvío de dinero público? ¿Qué escándalos ha dado la universidad pública? Yo no recuerdo ninguno”, en referencia a la reputación de las universidades públicas andaluzas.
Aspectos financieros y derechos del estudiantado
Ruiz advirtió que el nuevo marco legal no garantiza una financiación adecuada para la Universidad de Córdoba. La oposición en su conjunto presentó propuestas para que la ley incluyera una protección explícita del modelo de financiación, de forma que cada universidad pública recibiera al menos el presupuesto del año anterior incrementado según las subidas salariales, propuesta rechazada por el grupo mayoritario.
El diputado también destacó que la normativa no protege de manera directa las ayudas económicas ya existentes, como el complemento Erasmus gestionado por la Junta. Según sus palabras, “tampoco blinda ayudas económicas para el estudiantado ya consolidadas como, por ejemplo, el complemento Erasmus de la Junta”, subrayando que la ley solo menciona de forma genérica las becas internacionales sin incluirlas entre los derechos contemplados para el alumnado, conforme reivindicó el PSOE.
Comparación con otras comunidades
En su intervención, Ruiz Sánchez vinculó la situación andaluza con la dinamica observada en la Comunidad de Madrid, apuntando que existe un patrón similar de enfrentamiento institucional con los responsables de los centros universitarios. Remarcó que “si alguien busca la prueba de que esto es un plan y no un accidente, que mire el mapa”, explicando que Andalucía ha promulgado la ley a pesar del rechazo de los rectores, mientras que Madrid trabaja en una legislación también criticada por los máximos responsables universitarios por invadir su autonomía. Bajo esta óptica, Ruiz planteó que “Moreno y Ayuso no están reformando, están reconfigurando el sistema para que la universidad pública pierda margen y la privada gane terreno”.
