Los sindicatos cargan contra el decreto ZTS por “recortes” y amenaza a la movilidad docente
Las cuatro organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación —CSIF, ANPE, CCOO y UGT— han escenificado este martes su rechazo frontal al nuevo decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) impulsado por la Junta de Andalucía. Lo han hecho ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en una concentración conjunta que marca el inicio de un calendario de movilizaciones si no hay cambios.
En el centro de la protesta: los recursos de los centros de educación compensatoria y de difícil desempeño, y la movilidad del profesorado.
Financiación “inestable” y menos garantías
La presidenta autonómica del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha advertido de que el decreto “afecta negativamente y directamente” a la red de centros que atienden al alumnado más vulnerable. Según ha explicado, el principal problema radica en el modelo de financiación.
Hasta ahora, estos centros contaban con recursos estables. Con el nuevo texto, buena parte de las medidas dependerían de fondos europeos con fecha de caducidad. “Los fondos europeos no son estables en tanto en cuanto tienen una fecha de caducidad, entonces así no se pueden establecer garantías”, ha subrayado.
Los sindicatos temen que esa dependencia derive en una reducción progresiva de recursos económicos y personales. Tras más de un año y medio de negociación, denuncian que la Administración “no garantiza todos los recursos” necesarios para mantener la calidad educativa en estos entornos.
Movilidad en el aire y plazas en riesgo
El segundo gran frente es la movilidad del profesorado. Las organizaciones sindicales sostienen que el decreto puede detraer miles de plazas del concurso general de traslados y del denominado “concursillo”, mecanismos que permiten a muchos docentes acercarse a sus domicilios y conciliar.
Rafael Alarcón, de ANPE Córdoba, ha señalado que la Consejería pretende otorgar mayor margen de decisión a los equipos directivos mediante comisiones de servicio con criterios que consideran “innegociables” y poco transparentes. “Perder muchas plazas tanto en el concurso de traslado como en el concursillo” supondría, a su juicio, un retroceso en derechos consolidados.
Desde CCOO, Enrique Guerra ha ido más allá y ha calificado la medida como “un cierre encubierto y eliminación encubierta de los centros de compensatoria”. A su entender, se estarían sustituyendo plazas estructurales por financiación temporal europea, lo que, a medio plazo, implicaría recortes.
UGT, por su parte, ha acusado a la Administración de actuar de forma unilateral. Su secretario provincial de Enseñanza, Juan Carlos Varo, ha hablado directamente de “decretazo” y ha reprochado que no se estén cumpliendo acuerdos firmados en julio para la mejora de la calidad educativa.
Movilizaciones en el horizonte
Aunque el decreto sigue en tramitación, las cuatro organizaciones han advertido de que intensificarán las protestas si no hay rectificación. Por ahora, están organizando un calendario de movilizaciones que se dará a conocer próximamente.
El mensaje conjunto es claro: exigen garantías estables de financiación, mantenimiento e incremento de recursos humanos y respeto a las condiciones laborales del profesorado. En juego, aseguran, no solo están los derechos docentes, sino la atención al alumnado que más apoyo necesita y la defensa del sistema educativo público andaluz.
