La UCO aclara que el sistema de voto electrónico no implica cesión de datos personales
La Universidad de Córdoba (UCO) ha salido al paso de las críticas surgidas en torno al sistema de voto electrónico para las próximas elecciones a rector, negando que se produzca una cesión de datos personales de la comunidad universitaria a la empresa encargada del proceso.
A través de una comunicación remitida a medios, la institución académica ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, subrayando que la empresa adjudicataria “no accede a los servidores de la UCO y, en consecuencia, tampoco a las bases de datos generales de la Universidad, ni a los datos de sus usuarios”.
En este sentido, la UCO ha precisado que la información facilitada se limita exclusivamente a la necesaria para configurar el censo electoral. En concreto, se trata de datos básicos como el nombre, los apellidos y el correo electrónico institucional de las personas con derecho a voto.
Asimismo, la universidad ha recalcado que “no se cede ninguna otra información personal, como el DNI, el teléfono personal, el número de la Seguridad Social u otros datos ajenos al proceso electoral”, insistiendo en que el tratamiento de estos datos está sujeto a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Otro de los aspectos destacados por la institución es el carácter temporal del uso de esta información. Según ha indicado, una vez concluido el proceso electoral, los datos “no podrán destinarse a ninguna otra finalidad y deberán ser eliminados, en los términos legal y contractualmente previstos”.
Por otro lado, la UCO ha defendido la legalidad del procedimiento de contratación del servicio, señalando que se ha llevado a cabo mediante un proceso público y conforme a la normativa. Además, ha recordado que se trata de una herramienta tecnológica que ya ha sido utilizada en procesos electorales de otras universidades españolas.
Con todo, la Universidad de Córdoba ha lamentado la difusión de informaciones que considera incorrectas y que, a su juicio, pueden generar “una alarma injustificada” entre la comunidad universitaria en un momento clave como es el proceso electoral.
