La Abogacía solicita el archivo del 'caso Begoña Gómez' para el delegado del Gobierno en Madrid
Niega la presunta malversación que se le atribuye y muestra su oposición a que sea juzgado por un jurado popular
La representación legal del Estado, actuando en nombre del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha presentado una petición al juez Juan Carlos Peinado para que cierre la investigación abierta contra el alto cargo. En ella, se niega su implicación en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Además, ha mostrado su rechazo a que este proceso se lleve a cabo ante un jurado popular si finalmente se dictara juicio por presunta malversación.
Este planteamiento se formalizó en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El texto recoge los argumentos presentados el 27 de septiembre durante una vista donde se informó a las defensas de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, y de Martín Aguirre, sobre la posibilidad de juicio ante jurado popular, integrado por ciudadanos en lugar de magistrados.
Argumentos de la Abogacía del Estado sobre la imputación
En una línea similar a la sostenida por la Fiscalía, la Abogacía pidió el archivo de la causa vinculada a Martín Aguirre, en la que se investiga un presunto uso indebido de fondos públicos asociado a la contratación de Álvarez y si ésta habría desempeñado labores privadas para Begoña Gómez. Se insiste en que el delegado del Gobierno no tuvo participación alguna en dicha contratación.
Se subraya que el nombramiento de Martín Aguirre como secretario general de Presidencia ocurrió el 20 de julio de 2021, es decir, tres años después de los hechos investigados, que datan de 2018. Por ello, sostienen que “resulta incontrovertido que nuestro representado no tuvo participación ni conocimiento alguno en la decisión de contratar a Cristina Álvarez en 2018, quedando desvirtuada la única base que se invocó inicialmente para imputarle”.
La Abogacía del Estado afirma que está “plenamente justificado el sobreseimiento de la causa” respecto a Martín Aguirre, al no existir fundamentos fácticos ni legales que sostengan su imputación, y destaca la ausencia total de indicios que relacionen al delegado con delito alguno.
Asimismo, se resalta que cualquier apariencia inicial de irregularidad ha sido desmontada con la documentación que obra en la causa y con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo sobre el caso. Esto hace referencia a la decisión del alto tribunal de rechazar la petición de investigar al ministro Félix Bolaños por presunta malversación en la contratación de Álvarez.
La defensa insiste en que el mismo déficit probatorio que afectó a Bolaños subyace en el caso de Martín Aguirre, y recalca que ni en la querella ni en las diligencias realizadas consta vínculo alguno que responsabilice personalmente al delegado del Gobierno de un desvío de fondos o irregularidad en las funciones de Álvarez.
Finalmente, la Abogacía sostiene que el caso contra Martín Aguirre se basa únicamente en su cargo jerárquico, sin que se señale ninguna conducta específica o conocimiento atribuido a él. Critica que el juez instructor intentara suplir la falta de pruebas con conjeturas “deducidas del cargo público del aforado, dando por hecho ‘por lógica y notoriedad’ que éste debía conocer las actividades de su subordinada, sin soporte en dato objetivo alguno”.
Postura sobre el jurado popular para el juicio
Durante la vista informativa del 27 de septiembre, se comunicó a las partes que, en caso de llegar a juicio, la causa por presunta malversación podría ser juzgada por un jurado popular compuesto por ciudadanos, en lugar de por un tribunal de jueces profesionales. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha expresado su oposición a esta modalidad para Martín Aguirre, defendiendo que no existen indicios suficientes que justifiquen ni su enjuiciamiento ni la forma del tribunal.
Esta postura se suma a sus argumentos para buscar el sobreseimiento de la causa, basándose en la falta de pruebas y en la doctrina del Tribunal Supremo aplicada a casos similares. Así, se rechaza la admisión de la acusación popular y se mantiene la defensa del delegado como ajeno a los hechos reprochados en esta investigación.