Las acusaciones aplauden la condena al fiscal general por revelar secretos
El Tribunal Supremo ha impuesto una condena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros a Álvaro García Ortiz, fiscal general, por un delito de revelación de secretos. Esta decisión ha sido recibida con satisfacción por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa, y Hazte Oír, que actuaron como acusaciones populares en el caso.
En la sentencia, pendiente aún de redactarse, el alto tribunal también obliga a García Ortiz a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por daños morales derivados de la filtración de una comunicación protegida entre abogado y fiscal. Este fallo ha reafirmado el principio de que nadie está por encima de la ley, según ha destacado el ICAM.
El Colegio ha resaltado que la condena a un fiscal general en activo prueba que la ley se aplica por igual a todas las personas, comprometidas en la obligación de responder legalmente, incluso cuando se trata de altos cargos públicos. Además, ha subrayado la importancia jurídica de los hechos juzgados, relativos a la vulneración del secreto profesional y a la protección del derecho de defensa, elementos clave en el Estado de Derecho.
Reacciones de las acusaciones populares
Desde APIF, el abogado Juan Antonio Frago ha reconocido que, pese a esperar la publicación completa del fallo, esta condena representa un aval al trabajo de esta asociación para proteger la integridad del Ministerio Fiscal. Recordaron que APIF presentó la petición de condena más severa, solicitando seis años de prisión y doce años de inhabilitación, incluyendo además delitos como prevaricación.
Por otro lado, Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias, se ha mostrado "muy satisfecho" con el veredicto. Considera que la resolución del Supremo es "una buena noticia" para el Estado de Derecho ya que confirma que nadie puede estar exento de responsabilidad ante la ley. Manos Limpias había pedido inicialmente cuatro años de cárcel y luego rebajó la pena a tres años, basándose en que se filtraron datos personales relacionados con el proceso y el fiscal afectado.
Demandas y peticiones de condena previas al fallo
La petición original del ICAM pidió para García Ortiz cuatro años de prisión, tres años de suspensión en el empleo y sueldo, inhabilitación, y una multa de 81.000 euros por un delito de revelación de secretos.
En el caso de Foro Libertad y Alternativa, que lidera la acusación conjunta con Hazte Oír y Vox, se requirió una condena de cuatro años de cárcel, tres de suspensión en el empleo y sueldo, e inhabilitación por los delitos de revelación de secretos y prevaricación. Esta acusación ha puesto de manifiesto que la prueba presentada contra García Ortiz fue contundente, y ha destacado que a pesar de las presiones el Supremo ha dictado sentencia en línea con la evidencia probatoria.
Impacto institucional y llamados a la regeneración
Foro Libertad y Alternativa ha calificado de "incalculable" el daño provocado a la Fiscalía General por las acciones de García Ortiz. Esperan que esta condena sirva como punto de partida para restaurar la neutralidad y el prestigio de las instituciones españolas, advirtiendo que recuperar ese respeto es uno de los principales retos que deberá afrontar el próximo Gobierno.
Hazte Oír, que ejerce la acusación junto a Vox bajo la coordinación legal de Foro Libertad y Alternativa, ha enfatizado que la inhabilitación no solo representa un castigo penal, sino que simboliza un reproche grave hacia un ataque interno al propio órgano que debía proteger la justicia. Señalan que "la Fiscalía General del Estado no debe estar al servicio de nadie", y que su deterioro ha tenido efectos negativos para toda la ciudadanía.
Igualmente, resaltan que el fallo del Supremo respalda la necesidad de una "regeneración profunda" en la Fiscalía. Por último, Hazte Oír ha dirigido un mensaje directo al presidente Pedro Sánchez y sus colaboradores, instándolos a pedir disculpas y remarcando que, aunque intenten desvincular los hechos, la realidad es que "el fiscal general del Estado ha sido condenado".