Aldama confiesa delitos ante el tribunal y reclama a la Fiscalía una rebaja de condena
Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor en el denominado 'caso Koldo', ha asumido ante el Tribunal Supremo su responsabilidad penal en el procedimiento que investiga supuestas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
En su escrito de defensa, conocido tras acceder Europa Press al documento, el empresario reconoce los hechos por los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción y, al mismo tiempo, solicita una revisión a la baja de la pena interesada por el Ministerio Público.
El planteamiento se apoya en la idea de que su actuación posterior habría facilitado avances en la causa. En ese contexto, se pide que se tenga en cuenta su participación en el esclarecimiento de lo sucedido y en la identificación del papel de otros investigados.
Admisión de delitos y marco del proceso
De Aldama admite en su defensa un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada. Se trata de los mismos tres ilícitos por los que Anticorrupción ha solicitado su condena ante el Tribunal Supremo, en la pieza vinculada a los contratos de mascarillas tramitados durante la emergencia sanitaria.
La Fiscalía sitúa a De Aldama entre los acusados con una petición de pena inferior a la interesada para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al valorar su "confesión". En ese escenario procesal, el escrito de defensa asume la acusación en lo sustancial y centra el debate en el alcance de la reducción de condena.
Petición de rebaja por "confesión" y atenuante
El empresario pide a la Fiscalía que modifique su solicitud de 7 años de prisión y que la rebaje, al considerar que su conducta encaja en una atenuante de especial intensidad. En concreto, sostiene que la pena solicitada por el Ministerio Público "debe rebajarse en un grado adicional" por su "confesión" y que se aplique una atenuante "muy cualificada".
El escrito cita el marco del artículo 66.1. 2ª del Código Penal y defiende que la colaboración se habría producido en un momento temprano. Según la defensa, "Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación".
En esa misma línea, se añade que dicha cooperación "se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados".
Testigos propuestos y peticiones de prisión
Además de la discusión sobre la pena, la defensa ha solicitado una lista de testigos para el juicio. Entre los nombres propuestos figuran los empresarios Juan Carlos Cueto, señalado como presunto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como supuesto cabecilla en la presunta trama de hidrocarburos relacionada con la empresa Villafuel.
También se han pedido declaraciones de personas del entorno familiar y personal de Ábalos y de Koldo. Por parte del exministro, se reclama la comparecencia de su hijo, así como de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, con quienes habría mantenido una relación sentimental. En el caso de Koldo, se interesa la testifical de su mujer y su hermano.
En el listado figura igualmente la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada en el 'caso Koldo', además del presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
En cuanto a las penas, la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para De Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, piden 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma pena que el Ministerio Público.
Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, piden 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma pena que el Ministerio Público.