La defensa de Begoña Gómez solicita que la UCO no analice sus correos
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que impida que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revise los correos electrónicos enviados y recibidos en su cuenta oficial en Presidencia desde julio de 2018, periodo en el que se nombró a su asesora, Cristina Álvarez.
Mediante un recurso directo de apelación presentado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, se pide anular la orden emitida por el juez Juan Carlos Peinado, que instruye a Presidencia entregar dichos correos para su análisis dentro del marco de una investigación por presunta malversación en la contratación de la asesora.
Solicitud de la defensa
La representación legal de Gómez argumenta que la resolución que autoriza la revisión de los correos carece de justificación adecuada, ya que únicamente menciona la manera en que el juzgado se enteró de la existencia del correo electrónico en cuestión, sin detallar las razones para su análisis.
"El contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica", señala la defensa.
Respuesta de la Audiencia
Además, en la misma resolución, el juez Peinado solicitó a Moncloa que proporcione los nombres completos de las personas que han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia, así como los responsables de autorizar, aprobar o ordenar el pago de las retribuciones desde el nombramiento hasta la fecha actual.
Esta petición forma parte de la investigación en curso que investiga posibles irregularidades en la contratación de Cristina Álvarez.
Declaraciones de Antonio Camacho
Antonio Camacho, exministro socialista y abogado defensor de Gómez, asegura que no existe ninguna malversación en la contratación de la asesora. Además, afirma que brindar un favor a una persona con la que se mantiene una relación de amistad no puede interpretarse como un acto que constituya una infracción penal de la gravedad de la malversación.
"La realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación", afirmó Camacho.
