García-Page reclama una financiación autonómica “justa” y sin ventajas para Cataluña

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado la postura que defenderá su comunidad en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el lunes, donde se discutirá el sistema de financiación autonómica. García-Page ha señalado que su principal demanda es que esta negociación se realice con la presencia de todas las comunidades autónomas conjuntamente, y no mediante encuentros parciales con algunas regiones.

En declaraciones durante una entrevista en TVE, recogidas por Europa Press, el presidente regional ha insistido en que esta será "la primera condición clave" para que el mecanismo de financiación permanezca como un sistema común. Además, ha descartado que pueda existir "singularidades ni privilegios" para territorios como Cataluña, remarcando que "todos somos singulares".

Impacto de los ingresos del Estado en la distribución financiera

García-Page critica que, en los últimos años, el Estado ha aumentado significativamente sus ingresos, situación que no se refleja en una financiación adecuada para las comunidades autónomas. Según su explicación, "el Estado lleva años ingresando mucho dinero", consecuencia de muchas cosas.

El presidente autonómico ha explicado que, a pesar de los actuales ingresos extraordinarios que recibe el Estado, las autonomías solo reciben una parte reducida, mientras que "el Estado coge casi todo". Esta disparidad se traduce, a su juicio, en un retraso que favorece al Gobierno central y reduce la capacidad financiera de las regiones.

En ese contexto, García-Page advierte que mientras no se ajuste correctamente el coste de ciertos servicios públicos que gestionan las autonomías, las comunidades seguirán sufriendo una infrafinanciación. Además, señala que, aunque el lunes se prometa "mucho dinero" a las regiones, esos fondos deberían haberse dado desde hace al menos una década. Apunta también que, durante este tiempo, los ingresos estatales se han triplicado en comparación con los de las comunidades, generando "una deuda tremenda del Estado con las autonomías".