El Gobierno abre el año con la promesa de un nuevo sistema de financiación
El Ministerio de Hacienda abre el año 2026 con el compromiso de poner sobre la mesa un nuevo modelo de financiación autonómica entre enero y febrero. Ese anuncio ha llevado a varias comunidades autónomas a reactivar sus demandas y a reclamar que el sistema priorice los criterios que consideran más adecuados.
Por el momento, el Gobierno central no ha detallado el contenido del futuro modelo. Únicamente ha trasladado su intención de combinar la multilateralidad y la bilateralidad. La última propuesta de Hacienda, presentada hace cuatro años, se apoyaba en la población ajustada, aunque ese planteamiento no prosperó.
Queda por aclarar si el Ministerio trabajará sobre aquel texto remitido a las comunidades o si prevé otro enfoque. La ministra Montero ha asegurado que ninguna comunidad saldrá perjudicada y ha avanzado que en algunas figuras tributarias aumentará el porcentaje de cesión a las regiones.
Calendario y tramitación del nuevo sistema
Según han ido anticipando las comunidades autónomas y el propio Gobierno, el modelo que prepara el Ejecutivo incorpora cambios relevantes. Entre los elementos que deben encajar figura la singularidad catalana pactada entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.
Además, el Gobierno central contempla suprimir las entregas a cuenta en los próximos años, un mecanismo que hoy es una de las principales vías de alimentación del sistema vigente de financiación.
En cuanto al calendario, la ministra Montero comunicó a las comunidades que la intención es presentar la propuesta durante enero o febrero. La previsión pasa por convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico centrado en la nueva financiación autonómica.
En ese órgano, el Gobierno dispone del 50% de los votos, por lo que solo necesitaría el respaldo de una comunidad autónoma para que la propuesta saliera adelante en el foro multilateral.
Tras esa fase, el texto se elevaría al Consejo de Ministros para su aprobación y, posteriormente, al Congreso de los Diputados, donde sería necesaria una mayoría suficiente. El objetivo del Ejecutivo es que el nuevo sistema entre en vigor en 2027 y que logre un apoyo amplio que facilite su continuidad en el tiempo, aunque Montero sostiene que el PP no quiere "ni siquiera discutir" el modelo.
Bloque de ocho CCAA por despoblación y envejecimiento
El debate sobre la financiación autonómica vuelve a reflejar diferencias territoriales. En cada negociación aparecen enfoques distintos: algunas comunidades reclaman que se valore la dispersión territorial, mientras otras priorizan criterios alternativos.
En cualquier caso, una parte mayoritaria de las autonomías insiste en que el futuro sistema debe ponderar la despoblación y el envejecimiento, por el impacto que ambos factores tienen en el gasto de los gobiernos regionales.
Ocho comunidades concretas han defendido que estos criterios ganen peso: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Hace unos años, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, impulsó cuando era presidente de la Xunta de Galicia un encuentro con los otros siete barones autonómicos. De esa reunión salió una declaración en la que se pedía incorporar estos criterios, entre otros puntos.
CCAA que reclaman población ajustada y fondo transitorio
Junto a ese bloque, se mantienen las comunidades conocidas como infrafinancidas, que llevan años solicitando al Gobierno central un fondo de nivelación transitorio mientras se culmina la reforma del modelo.
Estas mismas autonomías también defienden que la población ajustada sea un criterio central del nuevo reparto: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Este debate se conecta con la falta de concreción del Ejecutivo sobre la base técnica del futuro sistema. Aún no se sabe si Hacienda retomará la propuesta remitida a las comunidades hace cuatro años —que se apoyaba en la población ajustada— o si planteará un esquema distinto.
En paralelo, Montero ha reiterado que el resultado no perjudicará a ninguna comunidad y ha señalado que, en determinadas figuras tributarias, el porcentaje de cesión a las regiones será mayor.
PIB, insularidad y la petición de consenso PSOE-PP
En otro bloque, las tres comunidades con mayor peso económico —Madrid, Cataluña y Baleares— plantean que el modelo incorpore el Producto Interior Bruto (PIB) regional como elemento a considerar.
Además, Baleares y Canarias añaden el factor de insularidad como criterio para compensar esa condición en el sistema que diseña Hacienda.
En el plano político, el Gobierno insiste en que el acuerdo sobre financiación autonómica debe apoyarse en un entendimiento entre las dos principales formaciones estatales, lo que exige acercar posiciones entre PSOE y PP.
Por ello, desde el Ejecutivo se está pidiendo a la dirección nacional del PP que fije una posición común para la negociación, en un contexto en el que los barones territoriales del partido vienen defendiendo criterios diferentes.