El Gobierno estudia reducir el IVA de los carburantes al 10% y ampliar las rebajas fiscales en luz
El Gobierno prepara un plan de medidas destinadas a mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Irán. Entre las propuestas más relevantes se encuentra la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, una iniciativa que buscará contener la subida de precios y aliviar la presión sobre los sectores más afectados.
El Ejecutivo continúa cerrando los detalles de estas medidas, que se presentarán en un Consejo de Ministros extraordinario previsto para este viernes. Además de la bajada del IVA, el plan incluirá rebajas fiscales en electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético, garantizando así un abordaje integral de la situación.
Esta propuesta de reducción fiscal para los carburantes contrasta con la bonificación universal de 20 céntimos por litro aprobada en 2022, relacionada con la guerra en Ucrania. En esta ocasión, las patronales y el sector de gasolineras han recomendado optar por una rebaja en la fiscalidad, dada la complejidad generada en el anterior mecanismo.
El paquete también contempla la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, la supresión del impuesto especial eléctrico, que actualmente asciende al 5%, así como la reducción del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, según ha informado la cadena SER.
Medidas estructurales y fiscales del plan anticrisis
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunciará las medidas tras el Consejo de Ministros extraordinario, detallando un plan que, según el Ejecutivo, será “proporcional, perimetrado y focalizado” para minimizar el impacto de las subidas en los precios de los carburantes y la electricidad.
El plan se organiza en cuatro áreas principales:
- Medidas estructurales: refuerzo del compromiso con las energías renovables, impulsando comunidades energéticas, autoconsumo y tecnologías como bombas de calor, así como la electrificación.
- Paquete fiscal: reducción del coste energético y eléctrico mediante diversas rebajas impositivas.
- Focalización en sectores afectados: especial atención al campo, la pesca, transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas para mitigar la subida de los carburantes.
- Escudo social: medidas para proteger a los colectivos más vulnerables, como la prohibición de cortes en el suministro energético.
Aspectos legales y otros elementos del plan
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, han adelantado que el decreto no incluirá ciertas medidas relacionadas con la prohibición de desahucios para personas vulnerables ni la prórroga de contratos de alquiler que finalizan este año y el próximo, debido a la falta de consenso parlamentario.
El Congreso debatirá y votará el decreto ley el próximo jueves 26 de marzo. Estas medidas entrarán en vigor de manera inmediata tras su publicación, aunque requieren la convalidación en el Congreso para su permanencia más allá de un mes.
La Junta de Portavoces ha establecido que la tramitación parlamentaria se realizará con rapidez, calificando el decreto para su inclusión en el Pleno de la próxima semana, con el objetivo de agilizar la convalidación sin demoras.
Desde el Gobierno se señala que el plan contará con la “flexibilidad suficiente” para adaptarse y modificar las medidas conforme evolucione la situación económica y energética derivada del conflicto en Irán.
