El Gobierno recurre a la justicia para reclamar el archivo de Franco
El Gobierno ha anunciado su intención de solicitar a la Abogacía del Estado que emprenda acciones judiciales para reclamar el archivo personal del dictador Francisco Franco. Este archivo se encuentra actualmente en manos de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), pero, según el Ministerio de Cultura, "pertenece a los españoles, a los investigadores, para que todo el mundo pueda documentar la represión".
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, informó en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que el archivo es parte del dominio público. Urtasun explicó que la problemática surge con la posible desaparición de la FNFF y la incertidumbre sobre el destino de esta documentación. En el Ministerio de Cultura ya se ha realizado un inventario que recoge unos 30.000 documentos y un informe oficial certifica que estos documentos son públicos porque se refieren al dictador en su función de jefe de Estado, lo que implica que forman parte de la Administración.
Documentación que integra el archivo de la Fundación Francisco Franco
El fondo documental cuenta con 27.620 piezas ya digitalizadas o descritas en su portal web. Fuentes del Ministerio detallan que, por décadas, el archivo abarca aproximadamente 950 documentos de los años 30 (3,4%), cerca de 8.500 de los 40 (30,8%), unos 9.500 de los 50 (34,4%), 5.700 de los 60 (20,6%), y alrededor de 1.040 de los 70 (3,8%), además de aproximadamente 2.000 sin datar.
Entre los documentos destacados se conservan informes sobre visitas de jefes de Estado extranjeros, tales como la de Dwight D. Eisenhower a Madrid en 1959 o la llegada de Eva Perón en 1947. También se incluyen peticiones ciudadanas y adhesiones políticas, correspondencia oficial con autoridades nacionales e internacionales, y cartas sobre relaciones diplomáticas.
Asimismo, el archivo contiene materiales relacionados con eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de vínculos con Estados Unidos, la incorporación de España a la ONU, la política hacia antiguas colonias, el norte de África, procesos de descolonización, Gibraltar y la relación con la Santa Sede. Documentos emitidos por organismos coloniales, administraciones locales, miembros de la monarquía y del clero también forman parte de este fondo.
Nueva etapa en la extinción de fundaciones franquistas
En vísperas del 50.º aniversario de la muerte de Franco, Ernest Urtasun informó en la Comisión de Cultura del Congreso que se iniciarán los pasos para extinguir cuatro fundaciones más vinculadas al franquismo: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
El mecanismo para la disolución de estas fundaciones será similar al proceso que ya se ha puesto en marcha con la FNFF desde finales de octubre de 2024, el cual ha sido calificado como “un paso decisivo”. En la actualidad, este procedimiento se encuentra en fase de alegaciones tras la apertura de actuaciones previas al proceso de extinción, que comenzaron durante este año.
Proceso de ilegalización y trámites judiciales en curso
El pasado 31 de octubre, el Gobierno comunicó formalmente a la FNFF la apertura del expediente para instar su ilegalización ante los tribunales, confirmaron fuentes ministeriales. Este procedimiento arrancó en junio de 2024 con la fase de actuaciones preliminares iniciada por Cultura, con el objetivo de reunir pruebas y datos suficientes para justificar la acción legal. El Protectorado de Fundaciones, adscrito a este ministerio, es la entidad encargada de impulsar la extinción judicial.
Después de la notificación a la FNFF, se habilitó un plazo para que presenten alegaciones y aporten documentación adicional como parte del periodo de prueba. Luego, el Ministerio emitirá una propuesta de resolución y solicitará un informe a la Abogacía General del Estado. Finalmente, Urtasun firmará la resolución definitiva con la que solicitará la extinción judicial. El caso se elevará a los juzgados de Primera Instancia de lo Civil.
Fuentes de Cultura confían en que el expediente llegue al juez “lo más rápido posible”, aunque auguran un plazo mínimo de unos nueve meses para ese trámite. La duración dependerá en parte de la estrategia y la documentación que presente la fundación. No obstante, remarcan que el acuerdo inicial para la ilegalización está “blindado” y que las pruebas actuales se corresponden con las que se presentarán al juez.
Para las cuatro fundaciones adicionales, el procedimiento será también tripartito. Primero, comenzará con una solicitud de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para reunir la información necesaria. La segunda fase será la apertura formal del expediente con comunicación a cada fundación y periodo de alegaciones. Finalmente, se pedirá un informe a la Abogacía General del Estado y el Ministerio decidirá si presenta la solicitud de extinción judicial, quedando la decisión definitiva en manos de la justicia.