El juez del 'caso Koldo' ordena investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. | Europa Press.

Solicita a 12 bancos y Hacienda documentación laboral, tributaria y financiera de los dos imputados

El magistrado Ismael Moreno, encargado de la instrucción en la Audiencia Nacional del denominado 'caso Koldo', ha autorizado la solicitud presentada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Ambos son señalados como posibles "facilitadores" en las presuntas irregularidades relacionadas con contratos de obras públicas.

Mediante un auto emitido el lunes, según información difundida por Europa Press, se ha requerido a una docena de entidades bancarias y a la Agencia Tributaria la entrega de documentación vinculada a aspectos laborales, fiscales y financieros de los investigados. Esta medida ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo objetivo es que la UCO recoja la información para elaborar un informe que posteriormente entregará al juzgado.

El juez argumenta que estas diligencias pretenden "investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad".

Documentación requerida para el patrimonio de los investigados

En su decisión, el magistrado destaca que no se trata únicamente de sospechas, sino de la existencia "de claros indicios objetivados" sobre la participación de Pardo de Vera y Herrero en delitos presuntamente vinculados a organización criminal, malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, dejando abierta la posibilidad de una posterior calificación jurídica.

La instrucción ha constatado indicios de criminalidad que involucran a ambos en la adjudicación irregular de contratos de obra pública, gestionados desde el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA), en el periodo comprendido entre 2018 y 2021.

De acuerdo con el oficio que motivó la solicitud de la UCO, se ha detectado que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García podrían haber recibido contraprestaciones económicas por favorecer a ciertas constructoras. En este entramado, Pardo de Vera y Herrero aparecen como facilitadores, cada uno desde su responsabilidad, en las adjudicaciones obtenidas exitosamente.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez considera que el objetivo de los investigados era "obtener un provecho económico", por lo que ha ordenado recabar información para determinar si ellos también pudieron recibir algún tipo de compensación.

Conexiones y antesalas del proceso judicial

Para profundizar en esta investigación, la UCO solicitó mandamientos judiciales dirigidos a doce entidades financieras para analizar información sobre cuentas bancarias relacionadas con Pardo de Vera y Herrero. Se pide información sobre cuatro cuentas vinculadas a Pardo de Vera y cerca de treinta asociadas a Herrero, incluyendo aquellas donde figuran como titulares, autorizados o representantes. Quedan excluidas las cuentas relacionadas directamente con Adif o entidades vinculadas y una cuenta de la comunidad "Villa Coral", vinculada a Herrero, que no se considera relevante para la causa.

Además, el exdirector de Carreteras aparece como autorizado en cuentas de la empresa Polis Project, S.R.L.U., dedicada a servicios técnicos e ingeniería, y es titular real de la mercantil Palta Naturae S.L., especializada en el cultivo de frutos tropicales y subtropicales.

La Agencia Tributaria también ha sido requerida para aportar un informe fiscal sobre ambos entre 2017 y 2024, que incluya movimientos bancarios, propiedades en España y en el extranjero, relaciones societarias, declaraciones fiscales, donaciones y posibles alquileres de cajas de seguridad.

Los investigadores recuerdan que el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, quien remitió el caso a la Audiencia Nacional, señaló la existencia de "indicios" que señalan que Pardo de Vera y Herrero facilitaron la culminación de las adjudicaciones impulsadas por Ábalos y García, proporcionando información clave de expedientes y apoyando la licitación de proyectos según las directrices impartidas desde el ministerio.

Respecto a declaraciones previas, se ha mencionado una conversación entre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Koldo García en la que mostraban inquietud sobre la posible destitución de Herrero, debido a su insistencia en la licitación del Puente del Centenario de Sevilla, obra también bajo investigación.

En dicha conversación, Cerdán expresaba preocupación por que Herrero "podría contar lo que hay", mientras Koldo preguntaba si "a ellos les queda claro lo que le prometieron". Esto sugiere que Herrero poseía información potencialmente comprometida y que habría recibido promesas de terceros como compensación por su presión en la consecución de la obra.

Finalmente, cuando ambos declararon ante el juez el 21 de julio, tanto Isabel Pardo de Vera como Javier Herrero rechazaron cualquier implicación en los presuntos amaños investigados.