El Tribunal Supremo juzga por primera vez a un fiscal general del Estado en el banquillo

1. Juicio a Álvaro García Ortiz
2. Cronología del caso
3. Investigación y medidas policiales
4. Acusaciones e indicios
5. Versión de García Ortiz
6. Desarrollo del juicio

Juicio a Álvaro García Ortiz

Desde este lunes, Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, enfrenta su proceso judicial en el Tribunal Supremo (TS), convirtiéndose en el primer titular de esta Fiscalía en ser juzgado. Los cargos en su contra se relacionan con una supuesta filtración de un correo electrónico, vinculado a negociaciones con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por fraude fiscal.

La Fiscalía General ha detallado que García Ortiz podría recibir una condena de hasta seis años de prisión, doce años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa que superaría los 400.000 euros.

Cronología del caso

El origen del caso se remonta a la noche del 13 de marzo de 2024, cuando el diario 'El Mundo' publicó a las 21:29 horas un artículo titulado: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso". Esta información generó una fuerte reacción dentro de la Fiscalía, según el magistrado instructor Ángel Hurtado, desencadenando una serie intensa de mensajes y llamadas internas, además de una rápida confirmación en los medios.

Tras ello, García Ortiz contactó a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, para que gestionara la obtención de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado Carlos Neira, relacionados con el caso contra González Amador. Aunque inicialmente resultó complicado contactar con Salto —quien estaba en el estadio Metropolitano viendo un partido de fútbol— finalmente se recibió parte de la cadena de correos a las 21:59 horas en la cuenta personal de García Ortiz, aunque incompleta.

Investigación y medidas policiales

A lo largo de la misma noche, la cadena 'La Sexta' difundió la primera información indicando que la defensa de González Amador buscaba un acuerdo con la Fiscalía, sin detallar ni mostrar ningún correo. Más tarde, a las 22:27, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, divulgó en un chat de periodistas el contenido de un correo enviado por Salto el 12 de marzo, en el que se señalaba que la judicialización del caso no impediría un pacto entre las partes.

García Ortiz identificó que faltaba ese mensaje crucial y finalmente lo recibió a las 23:46 horas, en medio de la publicación de más detalles en los medios, como informó la Cadena SER a partir de las 23:23 acerca de otro correo del 2 de febrero que contenía una oferta para la confesión. Al día siguiente, la Fiscalía emitió a las 10:22 horas un comunicado explicando el intercambio de correos entre el fiscal y el abogado.

Posteriormente, el 21 de marzo de 2024, González Amador presentó una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por revelación de secretos, dirigida contra Pilar Rodríguez y Julián Salto. Sin embargo, cuando el TS abrió procedimiento penal contra García Ortiz el 16 de octubre, lo hizo por la presunta filtración de los correos electrónicos, no por el comunicado, al entender que este último ya había sido difundido por la prensa.

El 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) llevaron a cabo registros simultáneos en los despachos de García Ortiz y Rodríguez, incautando dispositivos electrónicos durante más de diez horas para recoger pruebas fundamentales. De la inspección, se comprobó que el día que el TS inició la causa contra García Ortiz borró dos veces sus chats de WhatsApp y cambió de móvil una semana después. En su declaración, el fiscal justificó esas acciones por normas de seguridad sobre el manejo de datos "ultrasensibles".

Acusaciones e indicios

La investigación, que duró ocho meses, implicó a tres personas: García Ortiz, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, su colaborador cercano. Las pesquisas analizaron distintos hechos relacionados con el comunicado de prensa, la posible filtración del correo del 2 de febrero y la existencia de la investigación fiscal hacia González Amador.

El magistrado Ángel Hurtado decidió llevar a juicio únicamente a García Ortiz y a Rodríguez, bajo la sospecha de que filtraron a la Cadena SER el email del 2 de febrero con la intención de contrarrestar la publicación de 'El Mundo'. Entre las pruebas señaladas destaca la cronología de los eventos, la recepción de la información y el comienzo de la difusión en medios, además del evidenciado borrado de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos por parte de García Ortiz.

Adicionalmente, Hurtado afirmó que el fiscal actuó siguiendo "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", basando esta afirmación en la coincidencia cronológica entre las comunicaciones internas y la filtración a la prensa, incluyendo una copia del correo clave que había sido remitido también a Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa. No obstante, la Sala de Apelación desestimó esta conexión por falta de pruebas suficientes y eximió a Pilar Rodríguez, argumentando que su actuación obedecía a la obligación de informar a su superior. En el resto, la apelación respaldó la conclusión del instructor.

Versión de García Ortiz

Por su parte, García Ortiz, defendido por la Abogacía del Estado, mantiene su inocencia y negó rotundamente haber filtrado información a los medios durante su declaración. Remarcó que gran parte de la información sensible sobre González Amador provenía de "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid", destacando que el empresario autorizó al jefe de gabinete de Díaz Ayuso a mostrar a la prensa el correo del 12 de marzo.

Asimismo, defendió que el correo del 2 de febrero, que contenía el ofrecimiento de confesión, fue distribuido a una cuenta genérica de la Fiscalía y a un abogado del Estado, llegando a más de 600 personas, sin contar el acceso del personal de Hacienda y los juzgados de Madrid. García Ortiz afirmó que todas sus acciones estuvieron dentro del "legítimo ejercicio de sus competencias", siempre buscando proteger la imagen y reputación de la Fiscalía frente a una campaña de desinformación que calificó como un "bulo".

Desarrollo del juicio

Tras mantenerse en el cargo pese a las controversias, García Ortiz afronta un juicio inédito para un fiscal general del Estado. Este proceso, presidido por un tribunal de siete magistrados con mayoría conservadora, está compuesto por Andrés Martínez Arrieta como presidente y Susana Polo como ponente, junto a Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Ana Ferrer.

El juicio se extenderá durante seis días y se presenta con alta expectación mediática, contando con más de 200 periodistas acreditados. A diferencia del juicio del 'procés', no se permitirá la retransmisión en directo. Se espera que el fallo se conozca hacia finales de este año.