El fiscal general del Estado, a juicio este otoño con posible sentencia antes de fin de año
Le juzgarán siete magistrados encabezados por el nuevo presidente de la Sala de lo Penal
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrentará un proceso judicial en el Tribunal Supremo por la supuesta divulgación de información contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La audiencia oral, prevista para noviembre, se anticipa que será breve y es posible que la sentencia se emita antes de finalizar el año, según fuentes legales consultadas por Europa Press.
El inicio del proceso judicial de García Ortiz se vislumbró el 9 de junio, cuando el magistrado Ángel Hurtado decidió acusarlo, junto a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos relacionado con González Amador.
Desarrollo del proceso judicial
La Fiscalía, representada por María Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz, junto con ambos acusados, presentaron recursos. Sin embargo, la Sala de Apelación solo aceptó el recurso de Rodríguez, eximiéndola de los cargos, mientras que Álvaro García Ortiz permanece en espera de los siguientes pasos procesales. El magistrado Hurtado estableció este martes la apertura del juicio oral.
García Ortiz debe depositar una fianza de 150.000 euros para cubrir posibles responsabilidades financieras derivadas de una condena, incluyendo una indemnización que González Amador solicita por 300.000 euros únicamente por este concepto. dispone de diez días para presentar su defensa.
La complejidad del juicio
Expertos legales prevén que el juicio será complicado debido a la naturaleza del acusado, siendo la primera vez que un fiscal general es juzgado en el Tribunal Supremo, además de las dificultades en la comprobación del delito imputado de revelación de secretos.
El juez también ha considerado la posibilidad de incluir otros delitos, como prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos. Estos cargos podrían incrementar la pena hasta seis años de prisión y doce años de inhabilitación, según las menciones en la resolución de Hurtado.
Hechos determinantes del caso
El magistrado ha centrado la investigación en la supuesta filtración a la Cadena SER el 13 de marzo de 2024 de un correo electrónico enviado por Carlos Neira a la Fiscalía el 2 de febrero del mismo año. Este correo buscaba un acuerdo en el caso de delitos fiscales en el que está implicado González Amador.
Hurtado argumenta que, "la información contenida en el email era confidencial, destinada para un proceso penal y estaba sujeta a criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía". Además, señaló que la divulgación no autorizada perjudica la reputación de la institución y compromete principios como la legalidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal.
El fiscal general habría incumplido su deber de discreción al dar a conocer información confidencial, afectando el "fundamental derecho de defensa del afectado". Hurtado concluye que García Ortiz permitió que información reservada se hiciera pública, dañando la integridad de la Fiscalía.