Juventud defiende una prestación universal de 200 euros por hijo
Con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una declaración institucional. En este documento, el Gobierno afirma que está avanzando hacia la implantación de una prestación por crianza basada en principios de universalidad y equidad fiscal. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se ha planteado que esta ayuda alcance los 200 euros mensuales por cada hijo a cargo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha solicitado que antes se realice una evaluación exhaustiva de las ayudas existentes para evitar solapamientos. Así se pretende garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y confirmar que la nueva prestación no duplique apoyos ya disponibles.
Propuesta de la prestación por crianza de 200 euros
Según explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, esta medida ha sido promovida por Sira Rego, titular del departamento, junto con la coalición política Sumar. La iniciativa consiste en establecer una ayuda fija de 200 euros mensuales por cada hijo o hija a cargo de la familia. El planteamiento busca superar el actual modelo asistencial, que recuerdan no es universal, y reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil en España.
La intención es diseñar una prestación que ofrezca mayor cobertura y equidad, logrando un impacto más efectivo en la lucha contra la pobreza entre los menores y proporcionando un apoyo constante a las familias que crían a sus hijos.
Evaluación de las ayudas existentes
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero aclaró que cualquier reforma o nueva prestación en materia de pobreza infantil debería apoyarse primero en un análisis detallado de los instrumentos vigentes. En especial, señaló al Ingreso Mínimo Vital y su complemento de ayuda para la infancia (CAPI) como elementos a considerar para evitar duplicidades en la protección social.
La ministra insistió en que es fundamental estudiar el desempeño de las ayudas actuales y, en caso necesario, reformarlas o mejorarlas antes de crear nuevas prestaciones. Montero manifestó que “sería interesante evaluar todos los instrumentos que tenemos para luchar contra la pobreza infantil y en caso de que haya que mejorarlo, pues puede ser una prestación como la que usted comenta o cualquier otra mejorada de las que tenemos ya en marcha”. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de superponer ayudas que puedan generar solapamientos.
La visión del Gobierno sobre la pobreza infantil
El Ejecutivo ha recordado en la declaración institucional aprobada que el Ministerio de Juventud trabaja en un Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil, iniciativa que busca la colaboración de todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y la sociedad en general. Se subraya la importancia de proteger el bienestar de niños, niñas y adolescentes como una responsabilidad compartida.
El Gobierno destaca que la creación de una sociedad inclusiva pasa por considerar a la infancia como sujeto de derechos, garantizando una existencia libre de violencia, discriminación y desigualdades. Reconoce que las infancias son diversas y que enfrentan desigualdades distintas, por lo que reclama la responsabilidad estatal y social para eliminar las estructuras que perpetúan esas desigualdades y asegurar el desarrollo de cada niño en condiciones de libertad, autonomía y dignidad.
Protección de la infancia y nuevas tecnologías
En la declaración también se destaca el papel de las nuevas tecnologías, subrayando que deben ser herramientas que fomenten el aprendizaje y la libertad, y no medios de acoso, explotación o control. Se menciona la ampliación de la Ley de protección de la infancia frente a la violencia (LOPIVI) y el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en Entornos Digitales, que está en trámite en el Congreso de los Diputados.
Además, el Gobierno enfatiza la necesidad de combatir fenómenos como el ciberacoso y el aprovechamiento económico de los menores, quienes son especialmente vulnerables como consumidores. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para proteger a la infancia de riesgos emergentes en el entorno digital.
Importancia del fortalecimiento de servicios públicos
La declaración resalta que la desigualdad económica afecta profundamente las trayectorias vitales desde la infancia, por lo que el abordaje de la pobreza debe realizarse con una perspectiva integral. Se reconoce la multidimensionalidad de esta problemática, que va más allá de la mera falta de ingresos.
Para el Gobierno es imprescindible reforzar los servicios públicos esenciales, como salud, educación y cuidados, ya que solo a través de su fortalecimiento pueden lograrse marcos sociales verdaderamente inclusivos. Se subraya que ningún menor debe ver limitado su futuro por causas económicas o relacionadas con su vivienda.
Finalmente, se recalca la necesidad de avanzar en la garantía de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, atendiendo especialmente a aquellos con mayor vulnerabilidad, entre ellos, la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada y otros colectivos en situación de riesgo.